Jorge Farid Gabino González
A escasos días de conmemorarse un aniversario más del peor desastre natural suscitado en nuestro país en el siglo XX, el llamado Terremoto del 70 sigue siendo de lejos la más grande catástrofe de ese tipo acaecida en el Perú; y no solo por la enorme magnitud del siniestro, también, y ante todo, por el incalculable número de pérdidas humanas (se conjetura estas en más de 25 000, aunque nadie lo podría afirmar a ciencia cierta) resultantes como consecuencia del aluvión que sobrevino al terremoto, y que acabó sepultando viva a la casi totalidad de la población de la ciudad de Yungay, en el departamento de Ancash.
Como sea, lo cierto es que el terremoto acaecido la madrugada del pasado domingo 26 de mayo en la provincia del Alto Amazonas, en la región Loreto (con todo y haber sido de magnitud 8.0 y no haber ocasionado, a pesar de ello, más que una sola pérdida humana que lamentar), ha vuelto a poner sobre la mesa una de las mayores y más notorias deficiencias en lo que toca a afrontar este tipo de tragedias que tenemos los peruanos: la de nuestra escasa, casi nula, cultura de prevención. Aun cuando, como se recordó arriba, no es el mencionado fenómeno natural algo que nos sea ajeno en absoluto.
Y es que para qué negar que a la gran mayoría de peruanos nos importa un maldito carajo aquello de tomar cualquier tipo de previsiones, sean estas de la índole que fueren y se apliquen a las circunstancias a las que se aplicaren. Incluso sabiendo que, si las tomáramos, estas nos podrían evitar a la larga más de un dolor de cabeza, nos podrían eximir, a buen seguro, de más de un riesgo previsible. Pero no. No nos importa. O, lo que es lo mismo, nos importa, ya se dijo, un maldito carajo. Actuamos, de hecho, con tanta recurrencia en función a lo que consideramos como el estado natural de las cosas, a lo que asumimos como indicativo de la normalidad, que llegamos a creernos la necedad de que hay cosas que a nosotros jamás nos van a pasar. Al punto de que por más que las evidencias de que no somos invulnerables las tengamos ante nuestras narices, sigamos insistiendo, terca, obcecada, empecinadamente, que hay asuntos que no nos conciernen, que la cosa no es con nosotros.
Lo alarmante de todo esto es que el proceder antedicho comienza a evidenciarse con cada vez mayor regularidad, además de en gentes del común, también en personas que, por una cuestión de elemental sensatez, no deberían ser proclives a incurrir en ello. Hablamos, naturalmente, de nuestras desastrosas autoridades educativas, que parecen estar absolutamente convencidas de que desastres naturales como el ocurrido en el 70 en Huaraz, y el suscitado hace apenas unos días en Loreto, son solo la excepción a la regla, cuando lo que en realidad son es todo lo contrario.
Viene a cuento lo anterior porque, de un tiempo a esta parte, parece haberse hecho ya costumbre el que los llamados a velar, por ejemplo, porque las condiciones de seguridad en las instituciones educativas se encuentren sometidas a los más rigurosos controles de calidad, a fin de que la comunidad educativa en su conjunto, y los niños y jóvenes antes que nadie, no se hallen expuestos a los peligros que podría sobrevenirles como resultado de los embates de la naturaleza, hacen, en realidad, todo lo opuesto.
Prueba de lo anterior es que, para citar solo el caso de los colegios privados, la gran mayoría de las instituciones educativas del mencionado régimen que funcionan en nuestro país, lo hacen en infraestructuras que además de no haber sido edificadas teniendo como fin inicial un uso estrictamente educativo, incumplen flagrantemente con las más elementales normas de seguridad, exigibles, como no podría ser de otra manera, a tales establecimientos formadores de personas. Mientras nuestras autoridades educativas, claro, bien gracias.
¿Será, quizá, que asumen que jamás ocurrirá un terremoto en horas en que los colegios se hallen en funcionamiento y que, por tanto, no será necesario el cumplimiento de las señaladas medidas de seguridad? ¿No se tuvo en cuenta, previo a la dación de los permisos de funcionamiento, que se tenía que cumplir con ello de grado o fuerza, antes de brindarles las respectivas autorizaciones?
Por supuesto que los primeros responsables de que ocurra una tragedia, como consecuencia de las negligencias que en materia administrativa se han venido cometiendo a lo largo de los años, al otorgar licencias de funcionamiento a colegios que no reúnen las más elementales condiciones de seguridad para ofrecer sus servicios a la ciudadanía, serán única y exclusivamente nuestras autoridades educativas.
Y no nos vengan con el cuento de que, con simulacritos de sismo realizados a diestro y siniestro (en muchos de los casos, como se dice, solo para la foto), pondrán a buen recaudo las vidas de los estudiantes y profesores de dichos colegios, que estos igual acabarán cayéndose sobre sus cabezas. Ojalá que nunca ocurra. Pero, si ocurriera, de nada valdrá que nos preguntemos dónde estarán nuestras autoridades educativas, porque a buen seguro que se encontrarán en cualquier parte, menos debajo de los escombros.
