EDITORIAL. La hidroeléctrica Chaglla

El paro realizado el día 21 de febrero último, no fue un éxito como lo llamó el prefecto departamental de Huánuco, Edgar Recavarren Ríos, por el contrario, fue una burla y causó perjuicio a la población huanuqueña. Bajo el absurdo pretexto de exigir que la Central Hidroeléctrica de Chaglla (CHC) no sea vendida y pase a la administración del estado, los dirigentes movilizaron a ciertos piquetes, cuyas razones de su protesta, eran unas más irracionales que otras.

Para empezar, como todos sabemos, el equipo especial del Caso Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc, firmaron un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, días antes de la fecha convocada para el paro. Con este acuerdo, la empresa brasileña entregará información sin restricciones y documentación crucial sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles. Dentro de este acuerdo, figura la venta de CHC, para pagar parte de su indemnización al Estado por actos de corrupción. Y por otro lado, nuestra Constitución Política indica que el derecho a la propiedad privada es inviolable. Dicho esto, las exigencias del grupo de huelguistas, carecen de argumento lógico y/o jurídico válido.

La población tuvo que paralizar actividades por temor a ser agredidos y a represalias. Como ejemplo, hemos visto muchos videos en redes sociales donde motociclistas y bajateros fueron agredidos por circular ese día. El paro solo sirvió para que las altas autoridades expliquen todo el proceso de la transferencia y los argumentos legales en los cuales está amparada.

El gobernador Juan Alvarado, luego de participar de una reunión con el premier Villanueva, en la Presidencia del Consejo de Ministros, y un grupo de dirigentes del Frente Patriótico que lidera el abogado Jhon Nalvarte, fueron informados de que ya nada se podía hacer, porque la venta estaba decidida y que la transferencia generará un pago de US$ 319 millones de reparación civil a favor del Estado, dinero que esperamos sea destinado para importantes inversiones en nuestro departamento.

Estas paralizaciones solo traen perjuicio económico a nuestro departamento, toda vez que la pobreza en esta región es alta y la masa poblacional lo conforman trabajadores que viven de actividades del día a día.

Por otro lado, sería bueno que en la próxima reunión entre las altas autoridades con el gobernador, también estén presentes los representantes de la Cámara de Comercio, colegios profesionales, dirigentes reconocidos y autorizados, quienes deberán exigir las condiciones y los beneficios que le tocará a Huánuco.