Pasco
La Contraloría General identificó que funcionarios del Gobierno Regional de Pasco evitaron el cobro de S/ 15 910 640.13 en penalidades por parte del contratista que estuvo a cargo de la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco. Asimismo, identificó presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 23 funcionarios y servidores de la entidad.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 1338-2018-CG/MPROY-AC, a través de conciliaciones sobre ampliaciones de plazo solicitadas en forma extemporánea, funcionarios del Gobierno Regional de Pasco beneficiaron al contratista (Consorcio de la Salud Pasco) con un mayor plazo que no le correspondía, generando con ello mayores prestaciones de supervisión por S/ 746 502.83 y lo liberaron de pagar una penalidad por retraso injustificado de S/ 2 501 136.71.
Además, la entidad aprobó 7 ampliaciones de plazo por causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, aduciendo falta de conexión de la red de agua para realizar pruebas hidráulicas, a pesar que el aprovisionamiento del recurso para las citadas pruebas eran de responsabilidad del Consorcio de la Salud Pasco, ocasionando la liberación del cobro de una penalidad de 106 días calendario por S/ 5 906 093.28 y mayores prestaciones de supervisión por S/ 525 276.15.
También refiere que funcionarios del Gobierno Regional aprobaron el adicional de obra n° 1 de “Estabilidad de Taludes” a pesar de carecer de justificación técnico-legal y por el que se pagó S/ 223 821.15, ocasionando una ampliación de plazo por 66 días y liberando al contratista de la penalidad por atraso injustificado por la suma de S/ 7 503 410.14.
El expediente técnico reformulado aprobado por la entidad presenta deficiencias en su elaboración por la existencia de incompatibilidades con el Programa Médico Arquitectónico del Estudio de Factibilidad como la exclusión, inclusión y reubicación de ambientes prestacionales; la incompatibilidad numérica entre la cantidad de camas hospitalarias y la cantidad de estacionamientos; así como la inaplicación de la Norma Técnica de Salud n° 110-MINSA/DGIEM-V.01, al verificar la existencia de ambientes que no cumplen con el área mínima reglamentaria.
