Los gremios, empresarios, colegios profesionales, sociedad civil organizada y población de la Amazonía defienden el régimen tributario especial argumentando que ofrece las condiciones necesarias para que las inversiones se sostengan en el tiempo.
Aseguran que, de esta manera, el crecimiento permite que la región pueda acortar las brechas que actualmente hay; mientras, el canje de los beneficios tributarios por recursos a través de un fideicomiso terminaría por ahuyentar la inversión actual y futura.
La disminución de los ingresos de la caja fiscal no es consecuencia directa de las exoneraciones tributarias en la Amazonía, sino de variables exógenas como la corrupción, la coyuntura política y la inestabilidad jurídica, entre otros factores que el país ha presenciado en el último año.
Por ello, exigen que se amplíe la vigencia del IGV a la importación de bienes de consumo, cuya aplicación vence el 31 de este mes, ya que, de acuerdo a un estudio de análisis de impacto de los beneficios tributarios, se determinó que las plantas industriales y las diferentes empresas agrícolas forestales, utilizan suministros importados en sus procesos productivos por lo que se verían afectadas.
Indican que, del mismo modo, la población se vería impactada negativamente por esta medida en sus bienes de consumo directos como es el caso de alimentos y bebidas, al igual que partes, piezas y repuestos de vehículos.
