Por primera vez en su historia, los funcionarios y trabajadores de la Contraloría General de la República y de todo el Sistema Nacional de Control (SNC), están obligados a presentar declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses, a fin de prevenir que actividades, relaciones o situaciones personales, familiares, laborales, económicas y/o financieras pudieran afectar su independencia y objetividad en la labor fiscalizadora. Esto busca evitar o gestionar oportunamente, de ser el caso, algún conflicto de interés, atendiendo a la necesidad de resguardar los valores de integridad, transparencia, independencia y objetividad en el ejercicio de las actividades o funciones.
Esta medida se oficializó con la directiva “Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses”, que estipula que dichas declaraciones se componen de dos secciones: Declaración Jurada de no tener Conflicto de Intereses y Declaración Jurada de Intereses.
Esta acción pone al Sistema Nacional de Control peruano, integrado actualmente por cerca de 3,700 personas, a nivel de las buenas prácticas establecidas en las entidades fiscalizadoras superiores más desarrolladas, donde la presentación de las mencionadas declaraciones juradas es considerada esencial para evitar o identificar posibles amenazas que afecten la transparencia y legalidad de sus operaciones.
