Jorge Farid Gabino González.
La detención de Keiko Fujimori ha sido, a no dudarlo, la noticia política más importante de la semana que acaba de pasar. Y las ha habido, claro está, de no poca envergadura. Ahí queda, sin ir lejos, para los anales de nuestra mamarracha Historia contemporánea de la corrupción, el “desmantelamiento” de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, perpetrado por el cuestionado Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, en un acto a todas luces desesperado por frenar las investigaciones que se venían realizando en contra de importantes figuras del fujiaprismo, como lo son Keiko Fujimori y Alan García.
Dicha obstrucción del accionar de la fiscalía se materializó con el intempestivo cese del destaque de la fiscal adjunta provincial transitoria Érika Rocío Delgado Torres, importante colaboradora de José Domingo Pérez encargada de investigaciones relacionadas con el Caso Lava Jato, y quien habría tenido a su cargo, además, la realización de interrogatorios a altas figuras del aprismo, entre las que destaca nadie más y nadie menos que el hasta ahora intocable expresidente Alan García Pérez.
Como sea, lo cierto es que aunque razones las había de sobra para que procediera la detención preliminar de la hija del dictador, existían, en realidad, pocas probabilidades de que ello ocurriera. En parte porque demostrado está que en nuestro país la justicia es cualquier cosa menos eso: justicia; y en parte, también, porque con el señor Pedro Chávarry a la cabeza del Ministerio Público (recientemente empoderado gracias al archivamiento de las denuncias que tenía en su contra por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la misma que contó, ¡cómo no!, con el voto mayoritario de los legisladores de Fuerza Popular), la señora Keiko tenía, según su aguzado cálculo político, todas las de salir ganando. Otra jugada maestra (sí: otra más) que le salió hasta el culo. Que se vaya acostumbrando.
Por lo pronto, ha trascendido en las últimas horas que el fiscal José Domingo Pérez solicitaría prisión preventiva de 18 a 36 meses para Keiko Fujimori. Pedido que de ser acogido por el juez Richard Concepción Carhuancho llevaría a la señora Fujimori a pasar una larga temporada tras las rejas. Naturalmente, argumentos no le faltan a la fiscalía para sustentar su pedido, pues se cuenta con las declaraciones de los directivos de Odebrecht, quienes afirman haber entregado dinero ilegal a Fuerza Popular durante la campaña presidencial de 2011. A lo que se suma el hecho de que la excandidata no cuenta con un trabajo conocido (lo que por lo demás no es ninguna novedad, tratándose de ella) y el que, de comprobarse su reunión con el entonces juez supremo César Hinostroza, se habría buscado obstaculizar el trabajo de la fiscalía.
No han de sorprender a nadie, en tal sentido, las declaraciones de algunos ilustres fujimoristas, quienes no han tenido empacho en despotricar en contra de la decisión de Concepción Carhuancho de ordenar la detención por diez días de su jefa. Así, tenemos, por ejemplo, a las congresistas Beteta y Aramayo; las mismas que han utilizado las redes sociales para pronunciarse, respectivamente, como sigue: “El gran problema de ser demócrata es que te lleva muchas veces a la ingenuidad de creer en un MP y PJ autónomo que actúe sin persecución política, lamentablemente en nuestro país la realidad es otra, por eso decimos ¡YA BASTA! Keiko no está sola. la defenderemos de este abuso”. “18 años de persecución política. @KeikoFujimori ha colaborado con la justicia. Levantamos nuestra voz de protesta”.
Lo que los fujimoristas parecen haber olvidado, sin embargo, es que cuando el 13 de julio de 2017 el juez Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva en contra del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, ambos investigados, también, como ocurre hoy con la señora Fujimori, por presuntamente haber cometido el delito de Lavado de Activos, su opinión del mencionado juez era, por decir lo menos, diametralmente opuesta. Ahí tenemos, por citar solo algunas, las declaraciones del hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry: “La justicia poco a poco se abre paso y la verdad va saliendo a la Luz. Juez valiente dicta prisión preventiva de 18 meses para Humala y Nadine”. Y también, claro, lo dicho por la inefable Lourdes Alcorta: “Medida histórica del Juez Richard Concepción Carhuancho…no es persecución política. Es justicia. Juez correcto, valiente. Donde está MVLl??”.
¡Si serán pendejos estos fujimoristas! ¿En qué quedamos? ¿No que “juez valiente”? ¿No que juzgar a los corruptos no era incurrir en persecución política? ¡Decídanse de una maldita vez, carajo!, que a este paso uno llegará al referendo del 9 de diciembre más confundido que empresa encuestadora en época de elecciones.
