Los directos afectados de la deuda social y laboral del departamento de Huánuco se preparan para realizar movilizaciones y plantones contra el gobernador regional Rubén Alva Ochoa y sus principales gerentes y funcionarios en protesta por la decisión de oponerse y observar la ordenanza regional aprobada por el Consejo Regional, que dispuso que las entidades públicas calculen el íntegro de la deuda social conforme lo reconocen los peritos judiciales, pero sin necesidad de esperar una sentencia judicial, expresó Aurelio Celadita Navarro, presidente de la Asociación de Docentes del departamento de Huánuco.
Calificó como un grave error la actitud de Rubén Alva y funcionarios de confianza, cuando inclusive la ordenanza regional aprobada tiene la opinión favorable del Procurador del Poder Judicial, quien recordó que el 100 % de procesos judiciales sale a favor de los profesores y trabajadores del sector público en términos de los montos económicos, y que debe evitarse nuevos proceso judiciales de parte de miles de maestros para que no se produzca la sobrecarga judicial.
Argumento ilegal
Consideró como un pretexto y verdadera falta de voluntad política, el argumento ilegal del gobernador regional, en el sentido que una interpretación de Servir se encuentra por encima de la Ley del Profesorado o de las sentencias del Poder Judicial. Recordó que la Ley del Profesorado reconoció que el pago por horas de preparación de clase se calculaba sobre el monto total del sueldo, mientras Servir interpreta que es sobre el monto referencial de la remuneración.
Precisó que por este tipo de interpretación los profesores cesantes y activos pierden casi el 80 % de la deuda social laboral, por lo cual deben recurrir al Poder Judicial que demora un promedio de 8 años para que le reconozcan la deuda tal como ordenaba la Ley del Profesorado. Mientras se desarrolla este proceso judicial hay varios casos de docentes que han fallecido, pero en algún momento se denunciará como responsables a los funcionarios públicos.
