La primera sentencia por un caso de corrupción se dictó ayer contra el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, quien junto a 10 personas fue hallado culpable del delito de colusión y condenado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, a 3 años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago solidario de una reparación civil de S/50 mil a favor del Municipio de Huánuco.
Junto a Giles fueron sentenciados sus exfuncionarios Emilio Ruiz Moncada, Vladimir Cruz Picón, Octavio Gonzales Valdiviezo, Jorge Loreña Esteban, Dante Salas Castro, Huber Romero Serrano, Arnaldo Marreros García y Julio Montero Tolmos. También la pareja Roxana Zevallos Ávila y Naval Aspiros Paredes, dueños de la empresa Megadiesel, como cómplices primarios.
La jueza Mitzy Mazzini ayer leyó la sentencia contra los 11 procesados, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de 8 y 9 años de cárcel por el delito de colusión.
La magistrada solo leyó la parte resolutiva de su fallo. Toda la resolución será leída el 6 de junio a las 8 a. m. Solo el abogado Hernan Cajusol del acusado Dante Salas se presentó a la audiencia, cuestionó el fallo y adelantó que apelará la sentencia.
Los sentenciados deben seguir reglas de conducta: no ausentarse de su lugar de residencia, comunicar al juzgado si varían de domicilio, no cometer delito, informar sus actividades cada 30 días al juzgado, pagar la reparación civil en 90 días de consentida la sentencia. En caso de incumplimiento, se les revocará la condicionalidad de la pena.
El fiscal anticorrupción, Ronel Garay Campos, y la procuradora anticorrupción, Krupskaia Beraún, señalaron que esperarán la lectura del fallo para decidir si apelarán la sentencia.
Sustentando su fallo, la jueza señaló que tras valorar los medios de prueba existe la certeza absoluta de la autoría y responsabilidad de los acusados en los hechos que configuran el delito de colusión en agravio de la MP-Hco., con la complicidad primaria de los empresarios. Dijo que los medios de prueba lograron destruir la presunción de inocencia de los acusados.
Coludidos
Aunque la defensa de los acusados insiste que no hay pruebas de colusión y que no se causó perjuicio económico porque no se firmó contrato con Megadiesel, la acusación del fiscal Rubén Jara es contundente.
En su investigación, el fiscal detectó un mismo modo de operar en 3 procesos de selección para contratar el mantenimiento de maquinaria. Para preparar los procesos de selección, los funcionarios usaron a la empresa Grupo Sagitario, de Naval Aspiros y Roxana Zevallos, que determinó las características técnicas y el valor referencial de los mantenimientos. En la licitación participó Megadiesel, de Roxana Zevallos, y Grupo Sagitario, pese a que lo prohíbe la Ley de Contrataciones del Estado. El fiscal concluyó que en la gestión de Giles existió un concierto de voluntades para favorecer a Megadiesel.
Para justificar el mantenimiento se habría falsificado documentos. El testigo Wilden Bendezú Saavedra negó haber firmado 2 informes técnicos como gerente de operaciones del Grupo Sagitario, con los que se elaboraron las cotizaciones y las especificaciones técnicas para el mantenimiento de las maquinarias.
