Un grupo de docentes del sector Educación llegó hasta las instalaciones del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) para exigir el pago de la denominada deuda social, luego de que —según denunciaron— no pudieran cobrar pese a figurar en listas publicadas en enero.
El principal cuestionamiento de los maestros se centra en el plazo de un mes establecido para realizar el cobro. Varios docentes indicaron que se enteraron tardíamente de la publicación de la lista y, al acudir al banco, recibieron como respuesta que sus nombres no aparecían habilitados o que el dinero ya no figuraba disponible.
“Nos dicen que publicaron la información en redes sociales, incluso en TikTok, pero hay colegas adultos que no utilizan esos medios. ¿Cómo se supone que debían enterarse?”, expresó una de las afectadas.
Según explicaron, los pagos se habrían programado en diferentes fechas —del 12 de enero al 12 de febrero, y en otros casos en días posteriores—, lo que generó confusión. Al no cobrar dentro del plazo asignado, el dinero habría sido revertido.
Los docentes sostienen que la entidad regional contaba con sus datos de contacto, pues al iniciar el trámite judicial presentaron correos electrónicos y números telefónicos. “Si necesitaban el número de cuenta, podían solicitarlo directamente. Todos trabajamos en la UGEL o en la DRE”, señalaron.
Ampliación de plazo
Uno de los principales puntos de controversia es la decisión de la comisión encargada de fijar un plazo de solo un mes para el cobro. Los docentes aseguran que en otras regiones del país el tiempo otorgado fue de hasta tres meses.
“Dicen que hay una normativa que establece el pago en un mes, pero no nos han mostrado ningún documento que lo sustente. Queremos saber si se nos va a pagar o no”, manifestó una profesora.
De acuerdo con las declaraciones, serían alrededor de cuatro mil docentes los que aún no han podido hacer efectivo el cobro. Los montos varían entre mil y tres mil soles, dependiendo de cada caso. Para muchos, se trata del primer pago tras años de proceso judicial.
“Esperamos años. Hay colegas cuyos juicios duraron dos o tres años. No podemos seguir esperando”, añadieron.
Asimismo, cuestionaron que la programación coincidiera con el periodo vacacional de enero a marzo, etapa en la que varios docentes viajan o aprovechan para realizar chequeos médicos, especialmente quienes laboran en zonas rurales y enfrentan limitaciones de tiempo durante el año escolar.
Libro de reclamaciones
Otro punto denunciado fue la presunta ausencia de un libro de reclamaciones físico. Según indicaron, al intentar registrar su queja se les informó que el libro es virtual; sin embargo, al ingresar a la página web, el sistema los redirigiría a una dirección presencial para realizar el trámite.
“Hasta el momento no nos traen el libro de reclamaciones. ¿Eso está bien? ¿Se están vulnerando nuestros derechos?”, cuestionó una docente.
También señalaron falta de comunicación formal con las UGEL para informar oportunamente a los maestros. “Qué les costaba comunicar al director de la UGEL para que informe a sus docentes. No hubo programación ni seriedad”, expresó otra profesora.
Algunos docentes indicaron que, pese a figurar inicialmente en la relación de beneficiarios, en el banco se les informó que su saldo aparecía en cero. Otros señalaron que solo un porcentaje mínimo logró cobrar.
