En una sesión que culminó con aplausos dentro del Legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad —en segunda discusión— la ley de amnistía para presos políticos, que abarca delitos políticos cometidos desde 1999, cuando comenzó la era chavista. La norma fue remitida de inmediato a Delcy Rodríguez, presidenta interina, quien la firmó y promulgó oficialmente como ley.
La decisión se produce en un momento político delicado para el país y representa un paso significativo en materia de derechos humanos, aunque incluye limitaciones claras, como la exclusión de personas condenadas por violaciones graves a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio, narcotráfico y otros delitos graves.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, calificó la aprobación unánime como un gesto de madurez política hacia una “nueva etapa” en la convivencia democrática venezolana, subrayando la intención de reparar las heridas del pasado y propiciar diálogo entre sectores que han protagonizado años de confrontación.
Expectativas tras la promulgación
La ley contempla la amnistía para personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos, incluyendo opositores, activistas y otros ciudadanos afectados por procesos judiciales vinculados a protestas y hechos políticos. Además, abre la posibilidad de que quienes se encuentren en el exilio soliciten la amnistía sin regresar inmediatamente al país.
Sin embargo, hay exclusiones explícitas: personas implicadas en violaciones graves de derechos humanos o delitos graves no podrán acogerse a la amnistía, lo que ha generado debate sobre el alcance real de la norma.
Tras la promulgación, AFP confirmó que familiares de presos políticos pusieron fin a una huelga de hambre que mantenían frente a instalaciones policiales en Caracas, una protesta que buscaba presionar por avances concretos en la liberación de detenidos y que había llamado la atención internacional.
El texto legal fue impulsado por Rodríguez y negociado en el Parlamento durante semanas, con miras a cubrir todos los casos de detenciones por motivos políticos desde 1999. A pesar de ser aplaudida oficialmente como una medida de reconciliación, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos mantienen reservas sobre su alcance y aplicación efectiva, y exigen garantías adicionales como medidas de reparación y no repetición.
Contexto político
La aprobación de la ley llega en un contexto de profundas divisiones políticas en Venezuela. El chavismo mantiene la mayoría en el Parlamento, lo que facilitó la votación unánime, aunque sectores opositores y organizaciones internacionales han señalado que la norma debe ir acompañada de mecanismos robustos de protección de derechos y reparación para los afectados.
El proceso se enmarca además en un periodo de transición política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, hecho que alteró el equilibrio del poder y aumentó la presión internacional. La iniciativa de amnistía ha sido vista por algunos analistas como un intento de desescalar tensiones internas y responder a reclamos históricos de parte de la sociedad civil.
La ley puede beneficiar a centenares de presos políticos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, aunque el número exacto dependerá de la implementación y de la interpretación judicial de la norma. Hasta ahora, cientos de excarcelaciones han sido reportadas desde principios de año, pero aún quedan personas encarceladas que buscan acogerse a la amnistía y la comunidad internacional sigue observando su evolución con atención.
Repercusiones inmediatas
Familiares de los detenidos, quienes habían realizado protestas y jornadas de protesta en Caracas y otras ciudades, expresaron un cauto optimismo tras la promulgación de la ley, aunque muchos subrayan que lo importante es la aplicación efectiva y no sólo la aprobación legislativa.
El texto legal abre la puerta a un proceso de reconciliación nacional en Venezuela, con el objetivo declarado de “sanar heridas” y restituir derechos fundamentales a quienes fueron encarcelados por razones políticas. Sin embargo, el verdadero impacto de la ley dependerá de cómo se implemente, de la vigilancia civil y del compromiso de las instituciones venezolanas con el respeto a los derechos humanos.
En resumen, la aprobación y promulgación de esta ley marca un hito importante en la política venezolana y genera expectativas sobre posibles cambios en la situación de miles de personas afectadas por las tensiones políticas de las últimas décadas.
