A tres años de haberse consolidado la contrarreforma universitaria, los efectos en el sistema de educación superior comienzan a ser más visibles y preocupantes. Con una nueva composición del consejo directivo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha otorgado licencias a cinco universidades privadas que antes habían sido denegadas, permitió la creación de más de 2.000 nuevas carreras sin control previo y eliminó áreas clave de supervisión y fiscalización.
En ese contexto, una revisión de los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evidencia un dato revelador: solo un partido político, de los 38 que competirán en las elecciones generales del 12 de abril, propone de forma directa recuperar la Sunedu y desmontar las leyes que impulsaron la contrarreforma desde el Congreso.
Se trata del Partido Morado, agrupación que plantea cambios específicos en la estructura de la Sunedu, restaurar el licenciamiento renovable y derogar las normas aprobadas en los últimos años que —según especialistas— debilitaron el control estatal sobre la calidad universitaria.
Mientras tanto, otras cinco agrupaciones políticas mencionan la necesidad de fortalecer a la Sunedu, pero sin precisar acciones concretas. Las 32 restantes ni siquiera incluyen el tema como prioridad en sus propuestas, pese a que la educación superior atraviesa un momento crítico.
En su plan de gobierno, el Partido Morado, que lleva como candidato presidencial a Mesías Guevara, promete revertir el debilitamiento institucional de la Sunedu mediante medidas puntuales y estructurales.
Entre sus principales propuestas figura la derogatoria de las leyes de la contrarreforma universitaria y la restitución del licenciamiento obligatorio y renovable para universidades y facultades, como ocurría antes de las modificaciones impulsadas desde el Congreso.
El partido plantea que el licenciamiento vuelva a evaluarse cada seis u ocho años, con el fin de asegurar la mejora continua en la calidad educativa. Según argumenta, el licenciamiento permanente aprobado recientemente elimina incentivos para la supervisión y permite que instituciones con deficiencias sigan operando sin control efectivo.
