En una acción orientada a verificar directamente el funcionamiento institucional y el avance de mejoras internas, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, John Henrry Martel Trujillo, realizó una visita inopinada a la sede fiscal ubicada en la cuadra 18 del jirón Dos de Mayo. La diligencia se desarrolló en compañía del administrador del Distrito Fiscal, Mirko Coz Berropi.
La inspección tuvo como objetivo principal supervisar el proceso de reestructuración que involucra a la Cuarta, Quinta y Sexta Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco. Esta reorganización busca optimizar la atención al público, mejorar la distribución física de los despachos y fortalecer las condiciones operativas del personal fiscal.
Durante el recorrido, las autoridades constataron el avance de las adecuaciones en los ambientes y evaluaron el impacto de los cambios en la dinámica de trabajo interno. La intervención forma parte de una estrategia institucional que prioriza la eficiencia administrativa y la mejora continua del servicio que se brinda a la ciudadanía.
Como parte de la jornada de verificación, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores y el administrador distrital también inspeccionaron el funcionamiento de la Unidad de Imagen, Audio y Video, área clave para el desarrollo de diligencias fiscales y el soporte probatorio en investigaciones penales.
La revisión permitió evaluar el estado de los equipos tecnológicos y las condiciones técnicas en las que se realizan registros audiovisuales, audiencias y otras actuaciones procesales. Este componente resulta fundamental para garantizar la transparencia, la trazabilidad de las diligencias y el adecuado respaldo de las investigaciones.
La visita inopinada no solo buscó constatar el avance físico de la reestructuración, sino también reafirmar el compromiso institucional con un servicio fiscal más ordenado, eficiente y alineado con estándares de calidad. Desde la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores se destacó la importancia de mantener una supervisión permanente que permita identificar necesidades y adoptar decisiones oportunas en beneficio del sistema de justicia y de la población usuaria.
