La rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. PE-18A (Puente Rancho) – Panao – Chaglla – Rumichaca, Tramo I, con una inversión superior a S/ 579 millones, permanece paralizada en la provincia de Pachitea tras una marcha pacífica realizada el 16 de febrero de 2026 por 19 organizaciones sociales que acusan al Consorcio Vial Huánuco de incumplir un convenio de paz laboral firmado en 2025.
Según el reporte oficial emitido a las 07:30 horas por Andrés Rivera Carrión, subprefecto provincial de Pachitea, la concentración se desarrolló en el sector Riobamba con representantes de Panao, Chaglla, Molinos y Umari, quienes marcharon alrededor del campamento del consorcio sin registrar actos de violencia. La Policía fue informada para resguardar la integridad de los participantes.
El núcleo del conflicto es el convenio suscrito el 21 de setiembre de 2025 y ratificado el 11 de noviembre del mismo año, que establecía que el 70% de la mano de obra calificada y de operadores y conductores debía ser de Pachitea, mientras el 30% correspondía al consorcio. Para la mano de obra no calificada, el acuerdo fijaba prioridad local, según el pronunciamiento del Frente de Defensa Pachitea Unida.
Reclamos laborales y técnicos
Durante una reunión sostenida con representantes de la empresa, cuya transcripción fue difundida por dirigentes, voceros de organizaciones de Chaglla denunciaron que el consorcio no respondió a una lista de operadores entregada el 9 de febrero de 2026. “Le pedí 20 volquetes y nos ofrecieron 4 o 6; hasta hoy no hay respuesta”, sostuvo uno de los representantes sindicales en la sesión.
Los dirigentes también acusaron a ingenieros de producción y capataces de hostigamiento, discriminación y de no reconocer horas extras. “No queremos conflicto, queremos trabajar”, señaló uno de los participantes, quien advirtió que la población “no dejará trabajar” si no se respeta el acuerdo firmado en dos oportunidades.
Además del frente laboral, los reclamos incluyen cuestionamientos técnicos. En la reunión se mencionaron intervenciones deficientes en tramos críticos como Huachacaya y Palqueñán, así como acumulación de lodo entre Molinos y zonas de subida, lo que —según los transportistas— pone en riesgo a conductores de carga pesada que transitan por la vía en plena temporada de lluvias.
Una obra estratégica bajo tensión
La carretera Emp. PE-18A conecta distritos productivos de Pachitea y es considerada estratégica para el transporte agrícola y comercial hacia Huánuco. Según el Frente de Defensa, la obra “no pertenece a una empresa ni a un grupo, sino al pueblo”, al estar financiada con recursos del Estado.
En su pronunciamiento, la organización sostuvo que no respalda la paralización, pero exige la instalación de una mesa técnica con participación de Provías Nacional, la empresa ejecutora, autoridades locales, representantes de operadores y la Defensoría del Pueblo como veedora. Plantean, entre otros puntos, un cronograma progresivo de incorporación laboral, un padrón técnico de operadores y la publicación de criterios de contratación.
El conflicto también alcanzó a las autoridades municipales. En la reunión, algunos dirigentes cuestionaron la ausencia de alcaldes distritales y recordaron que en diciembre de 2025 se habría asumido un compromiso de apoyo para habilitar vías alternas en zonas no intervenidas por el consorcio.
Escenario abierto
Hasta el momento, el Consorcio Vial Huánuco no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones de incumplimiento, discriminación o retraso en la contratación de operadores locales. Tampoco se ha precisado el porcentaje de avance físico y financiero del Tramo I al momento de la paralización.
El escenario combina presión social organizada, advertencias de nuevas protestas y una obra de S/ 579 millones detenida en una provincia donde el empleo local es una demanda histórica. La evolución del diálogo —o su ruptura definitiva— determinará no solo la reanudación de los trabajos, sino el clima político y social en Pachitea en las próximas semanas.
