Demoras, errores y consecuencias humanas en un sistema que siempre llega después.
Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel
Hay trámites que envejecen mejor que las personas, no porque sean complejos, sino porque el sistema decidió tomarse su tiempo. Trámites que sobreviven a cambios de gestión, a mudanzas digitales y a nuevas plataformas.
Mientras el sistema se toma su tiempo —ese tiempo institucional, abstracto, lleno de plazos formales— la vida real sigue avanzando. Avanza con recibos por pagar, trabajos que se pierden, oportunidades que no esperan, noches de incertidumbre y mañanas de desgaste. Pero esa parte —la que duele— no suele figurar en el expediente. Curiosamente, nunca encuentra un casillero donde registrarse.
Muchas de las situaciones de injusticia que se viven no nacen necesariamente de una ilegalidad flagrante, sino de algo más silencioso y, por eso mismo, más difícil de señalar: la desproporción. Un error administrativo, una notificación que nunca llegó, una decisión tardía, una revisión que se posterga “por carga laboral”. Para el sistema, un trámite más; para la persona, el día en que todo se torció.
La respuesta institucional suele ser impecable en su forma y devastadora en su efecto. “Hay que esperar”. “El proceso sigue su curso”. “Estamos dentro del plazo”. Frases impecables en el papel, pero incapaces de reparar lo que ya se está rompiendo. El ciudadano las escucha como quien oye llover desde una casa con goteras: el problema no es el agua, sino que siempre cae del mismo lado.
Con el tiempo, la demora deja de ser una falla y pasa a ser una costumbre. Se vuelve parte del procedimiento, una característica asumida, un costo invisible. Invisible para quienes deciden; insoportable para quienes esperan. Para quien está del otro lado del sistema, cada día pesa como un reloj detenido que, paradójicamente, no deja de marcar consecuencias.
Y entonces surge la pregunta incómoda, esa que rara vez se formula en los informes: ¿cuántas personas estarán hoy atrapadas en una situación similar? ¿Cuántas no fueron escuchadas a tiempo, no fueron notificadas, no tuvieron oportunidad real de reaccionar antes de que el sistema avanzara sin ellas?
No se trata de buscar culpables individuales. El problema es más profundo y, por eso, más difícil de enfrentar. Es un Estado que funciona con tiempos propios, que confunde cumplimiento formal con justicia efectiva, y que a veces olvida que cada retraso tiene un rostro, una historia y una consecuencia concreta.
Quizá sea momento de recordar algo elemental: la justicia no se mide solo por lo que se resuelve, sino por cuándo se resuelve. Porque un Estado que llega tarde —incluso cuando llega “bien”— puede seguir siendo injusto. Y mientras no revisemos no solo las normas, sino también los tiempos y las consecuencias humanas de su aplicación, seguiremos teniendo expedientes que duermen y ciudadanos que pagan el costo de ese sueño prolongado.
A esta escena habría que añadirle otro detalle, no menor, que suele pasar desapercibido: muchos de quienes administran estos tiempos muertos aspiran —con legítima insistencia— a encontrarse entre los mejor remunerados del sector público. La aspiración sería irreprochable si caminara al mismo ritmo que la responsabilidad. El problema aparece cuando se exigen privilegios mientras el desempeño no logra justificarlos.
Porque, seamos claros, no todos, pero sí algunos, confunden rutina con rigor y procedimiento con calidad. Entregan decisiones sin lectura atenta, sin comprensión real de lo que está en juego. Y ese mal trabajo no produce simples errores corregibles: produce consecuencias profundas, a veces irreversibles, que nadie asume como propias. Como si el error fuera del papel y no de quien lo firmó.
Tal vez nadie les recordó —o prefirieron olvidar— que un error no es neutro cuando se ejerce poder. No se evapora al final de la jornada ni se corrige con un trámite posterior. Detrás de cada expediente mal llevado hay personas que cargan con el peso completo de esa ligereza. Personas a las que nadie les devuelve el tiempo, el empleo perdido, la estabilidad quebrada o la tranquilidad erosionada.
Cuando se invoca la “excesiva carga laboral” como explicación universal, convendría decirlo con claridad: la carga laboral suele ser menos una causa que una coartada. Porque si hay acumulación, es porque en algún momento alguien confundió presencia con trabajo y horario con responsabilidad. Porque alguien decidió postergar, porque alguien dejó para después lo que tenía nombre, número de expediente y consecuencias humanas claras.
En algunos despachos, además, se ha instalado una cómoda distancia moral frente al tiempo ajeno. Una idea tácita de que la espera del ciudadano es parte natural del paisaje, que su cansancio no apura decisiones. Como si el mañana del ciudadano no tuviera fecha de vencimiento. Total, el expediente no se queja.
A ello se suma otra práctica silenciosa: una delegación acrítica que convierte la inexperiencia en riesgo institucional. La confianza casi automática en personal auxiliar que no siempre está a la altura de la responsabilidad que maneja abre la puerta al error. Y el error se desliza, se formaliza, se firma. La carga laboral vuelve a aparecer como explicación y la cadena se cierra: nadie tuvo tiempo, pero alguien pagó el precio.
Y no, no se trata de un error menor que luego se corrige. No hay control Z para la vida de las personas. No hay botón de deshacer cuando la notificación nunca llegó, cuando la defensa no pudo ejercerse, cuando la oportunidad ya pasó. El sistema sigue su curso; la persona queda atrás.
Quizá ahí esté el núcleo del problema: un aparato que funciona para sí mismo, que se siente correcto porque cumple plazos internos, pero que olvida mirar hacia afuera. Hacia quienes no piden favores ni privilegios, solo que el Estado no llegue cuando ya es demasiado tarde, todo está escrito, lo que falta es recordarlo.
