La Comisión Multisectorial para la Nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” exigió al Ejecutivo la asignación de S/ 1,200 millones para el año fiscal 2026, la restitución del acuerdo gobierno a gobierno con Francia y la destitución de la directora de Provías Nacional, tras la resolución del contrato de asistencia técnica con la PMO Vías. En un comunicado fechado el 10 de febrero de 2026, la instancia advirtió que, de no cumplirse sus demandas, convocará a un paro macroregional de 48 horas.
El pronunciamiento se emitió luego de una reunión de urgencia convocada para evaluar el estado situacional del proyecto, especialmente tras la decisión de poner fin al contrato de asistencia técnica con la PMO Vías, vinculada al Estado francés. La Comisión sostuvo que esa medida “pone en grave riesgo la continuidad y viabilidad del proyecto”, afectando —según señala el documento— a millones de ciudadanos y al desarrollo económico del centro del país.
Entre los acuerdos adoptados figura exigir el cumplimiento estricto del cronograma de ejecución de la Nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” y demandar la ejecución inmediata de los tramos prioritarios: el túnel Pariacchi y la vía de Evitamiento de Ticlio. Asimismo, se reafirma el “cumplimiento irrestricto” del acuerdo gobierno a gobierno con Francia y se solicita la reafirmación del contrato de asistencia técnica con la PMO Vías.
Rechazo a APP y presión directa al Ejecutivo
La Comisión también ratificó su rechazo absoluto a que el proyecto se ejecute bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), postura que marca distancia frente a eventuales cambios en el esquema de financiamiento. Además, solicitó el retiro inmediato —destitución— de la directora de Provías Nacional, atribuyéndole responsabilidad funcional en la actual situación del proyecto.
En el mismo comunicado, la instancia multisectorial pidió una reunión urgente con el presidente de la República, la ministra de Economía y Finanzas y el ministro de Transportes y Comunicaciones, programada para el 16 de febrero de 2026. La fecha coincide con el plazo político fijado por autoridades regionales días atrás para evaluar una eventual medida de fuerza en la macro región centro.
El documento incluye también la exigencia de no aislar la vía de Evitamiento de La Oroya y de garantizar su adecuada integración al sistema vial nacional. Este punto resulta clave, dado que La Oroya constituye un nodo estratégico de conexión entre Lima y la sierra central, y concentra una parte sustantiva del tránsito pesado que cruza por Junín.
Impacto regional y debate territorial
Aunque el comunicado invoca el interés de la macro región centro, el trazo principal de la Nueva Carretera Central se concentra en la conexión Lima–La Oroya, en territorio de Junín. En regiones como Huánuco, la integración depende de vías complementarias que no forman parte directa de los tramos prioritarios mencionados —Pariacchi y Ticlio—, lo que ha abierto un debate sobre la distribución territorial de los beneficios.
En el plano político, la exigencia de destituir a una alta funcionaria y la advertencia de un paro de 48 horas elevan la presión sobre el Ejecutivo en un año 2026 marcado por definiciones presupuestales y por la necesidad de reactivar proyectos de infraestructura de alto impacto. En el plano económico, la asignación de S/ 1,200 millones representa un compromiso significativo dentro del presupuesto anual del sector Transportes.
La respuesta que emita el Gobierno antes del 16 de febrero será determinante no solo para la continuidad del acompañamiento técnico francés, sino para el esquema de ejecución del proyecto y su gobernanza institucional. Lo que está en juego no es únicamente un contrato de asistencia, sino el modelo bajo el cual se gestionará una de las principales obras viales del centro del país en los próximos años.
