La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental advirtió sobre un presunto riesgo para la población de Llicua tras una diligencia realizada en la quebrada Agorragra, ubicada en la subida a la carretera de Kotosh. Según declaró el fiscal ambiental César González, durante la inspección se constató la acumulación aproximada de 17 mil metros cúbicos de material de corte en plena faja marginal de la quebrada.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, el material habría sido depositado “de modo sistemático” y no producto de un desprendimiento natural. En ese sentido, sostuvo que la acumulación representa un “peligro potencial” para la comunidad de Llicua, ubicada en la parte baja, especialmente considerando que la región atraviesa temporada de lluvias. “Es cuestión de tiempo”, afirmó, al señalar que la masa de material se encuentra en la parte alta de la quebrada.
El fiscal agregó que esta situación ya habría sido advertida en anteriores reuniones técnicas, por lo que —según indicó— no se trataría de un hecho reciente.
Actas previas
El representante del Ministerio Público informó que el tema fue abordado en una sesión extraordinaria de la Plataforma Regional de Defensa Civil realizada el 5 de noviembre del año pasado, donde —según dijo— se dejó constancia en acta de la necesidad de retirar el material de corte del cauce. Además, indicó que el 4 de febrero del presente año se efectuó una nueva verificación de campo.
Sin embargo, González afirmó que hasta la fecha no se habría cumplido con el retiro del material, pese a las exhortaciones formuladas. “Lo tenemos en acta”, señaló durante la entrevista.
Consultado sobre la respuesta del consorcio ejecutor de la obra vinculada al área intervenida, el fiscal manifestó que el supervisor era de reciente designación y que el retiro estaría supeditado a procesos de regularización administrativa. No obstante, el funcionario sostuvo que, en contextos de emergencia, “la actuación debe ser inmediata y no esperar dilaciones innecesarias”.
Implicancia penal
Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones del fiscal fue la referencia a la eventual configuración de un delito ambiental. González indicó que la disposición de residuos o material de corte en fajas marginales o quebradas se encuentra sancionada bajo el artículo 125-A, al considerar que genera peligro común.
Según explicó, el material depositado calificaría como residuo cuya disposición final no podría realizarse en el cauce. “Bajo ninguna circunstancia se puede hacerlo”, manifestó, agregando que dicha conducta no resistiría “ningún criterio técnico valedero”.
Asimismo, González sostuvo que la entidad titular del proyecto estaría obligada a exigir al consorcio ejecutor el retiro inmediato del material, o en su defecto, asumir la limpieza en el marco de una situación de emergencia.
Viviendas en fajas marginales
Durante la entrevista, el fiscal amplió la preocupación a otras zonas del entorno. Señaló que, además del material acumulado, existen viviendas construidas en plena faja marginal de la quebrada, tanto en Llicua como en sectores como Yacutón.
Según afirmó, las fajas marginales en esa zona tendrían un ancho de 50 metros previamente delimitado, dentro del cual no debería existir edificación alguna. Indicó que algunas construcciones incluso se aproximarían a infraestructura religiosa.
González sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente —mencionando la Ley 30.556—, las zonas consideradas de alto riesgo no mitigable deberían ser objeto de recuperación, lo que podría implicar la demolición de viviendas ubicadas en dichas áreas.
Finalmente, el fiscal reiteró que “las alertas ya están dadas” y que la zona históricamente ha sido afectada por huaycos. Este medio continuará solicitando información oficial al Gobierno Regional, municipalidades y consorcio ejecutor para brindar una cobertura completa y contrastada sobre el estado actual de la quebrada Agorragra y las acciones que se adoptarán.
