Escándalo en EE.UU.: cámaras escolares, instaladas para seguridad de estudiantes, están siendo usadas ahora para rastrear inmigrantes indocumentados, levantando una seria alarma entre padres, educadores y defensores de la privacidad digital.
Una investigación explosiva en Estados Unidos reveló que las cámaras de seguridad instaladas en más de 40.000 escuelas del país, originalmente para proteger a más de 50 millones de alumnos, ahora se utilizan para asistir en la aplicación federal de leyes de inmigración, generando una profunda polémica.
Según la investigación publicada por The 74 y The Guardian, registros de distritos escolares en Texas muestran que departamentos de policía están accediendo a datos de lectores de matrículas vehiculares de colegios para casos migratorios. Esta práctica desvirtúa el propósito inicial de la tecnología, subrayando una creciente preocupación sobre la vigilancia masiva en entornos educativos.
Cámaras escolares: una red de vigilancia con 1.800 agencias activas
La tecnología, provista por Flock Safety, con sede en Atlanta, es capaz de capturar matrículas, marcas de tiempo y ubicación. Aunque las escuelas adquieren estos dispositivos para la seguridad de sus campus, los datos pueden compartirse a través de una red policial nacional que conecta a más de 1.800 agencias. Registros de un distrito como Alvin Independent en Texas revelan que se realizaron más de 700.000 búsquedas en un solo mes; de estas, al menos 620 se relacionaron explícitamente con la aplicación de la ley de inmigración, representando un 0.09% del total.
¿Vulnera esta vigilancia masiva la privacidad de miles de familias?
La situación ha desatado una ola de indignación y preocupación. Phil Neff, coordinador de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, considera “inapropiado” el uso de cámaras escolares para fines no relacionados con la seguridad estudiantil. Randi Weingarten, presidenta de la American Federation of Teachers, con 1.7 millones de miembros, calificó la práctica de “burla flagrante a la Constitución”, advirtiendo que el acceso a estos datos viola los derechos de estudiantes y sus familias a estar libres de búsquedas irrazonables, protegidos por la Cuarta Enmienda.
Flock Safety: el gigante tecnológico que opera en 40 estados
Estas cámaras LPR (License Plate Readers) de Flock Safety, valorada en más de 300 millones de dólares, operan en más de 2.000 ciudades y 40 estados, identificando vehículos en menos de 0.5 segundos. La empresa asegura que los datos se almacenan por cerca de 30 días antes de su eliminación, aunque esto puede variar según los acuerdos con los distritos escolares.
¿Qué tan sencillo es para el DHS y ICE acceder a esta información sensible?
Los registros evidencian que los departamentos de policía locales a menudo asisten a agencias federales, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su rama de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “sin dudar”. Aunque Flock Safety mantiene que las escuelas controlan cómo se comparte la información, la realidad muestra un flujo de datos a través de una red nacional con mínima supervisión, impactando a más de 10.000 personas al año en ciertas jurisdicciones. Además, en 15 estados, existen leyes de privacidad más estrictas que podrían verse comprometidas.
Más de 1.2 mil millones de dólares desviados a vigilancia migratoria
La inversión anual en seguridad escolar en EE.UU. supera los 2.7 mil millones de dólares. Cada sistema de cámara LPR puede costar unos 2.500 dólares anuales por unidad, sin contar las instalaciones iniciales. Se estima que, anualmente, cerca de 1.2 mil millones de dólares se destinan solo a tecnología de vigilancia, un gasto que, pensado para proteger a los 56.4 millones de alumnos de educación pública, ahora se desvía a operaciones de control migratorio.
Acuerdos desactualizados: el 200% de aumento desde 2018
La adopción de estas cámaras se disparó un 200% desde 2018, especialmente tras incidentes de tiroteos. Muchos acuerdos de intercambio de datos, algunos firmados hace 5 años o más, no anticiparon este uso migratorio y las interconexiones a través de agencias en más de dos docenas de estados y más de 100 distritos, creando un vacío legal y ético. La política anterior de no realizar operativos migratorios cerca de escuelas, vigente por más de una década, ha sido efectivamente anulada por la tecnología.
¿Se convertirá esta controversia en un debate nacional sobre la privacidad escolar?
Expertos como Adam Wandt, profesor de John Jay College of Criminal Justice, resaltan la “responsabilidad única” que tienen las escuelas para proteger a sus estudiantes, advirtiendo sobre las graves preocupaciones de privacidad que surgen. Padres, educadores y defensores de los derechos civiles están pidiendo una transparencia total sobre si los datos de las cámaras de sus escuelas se están compartiendo con autoridades de inmigración. Esto podría desencadenar acciones legales, demandas y un rediseño de las políticas de privacidad en los próximos 12 a 18 meses, impactando a millones de estudiantes y sus derechos fundamentales en la era digital.
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