Pareciera que todo vale en esta campaña política 2026. Un nuevo hecho ha generado fuerte indignación en la población huanuqueña, luego de la difusión de videos en los que se observa al aún congresista por Huánuco, Luis Picón, realizando una visita a la zona de La Pedroza, donde presuntamente habría emitido declaraciones interpretadas como un intento de condicionar apoyo y gestión una ley a cambio de respaldo electoral para su esposa y su hijo.
Según lo difundido en redes sociales, el parlamentario habría planteado a los pobladores que, sí respaldan políticamente a su entorno familiar en las próximas elecciones, él se comprometería a gestionar acciones en favor del sector, incluyendo un supuesto impulso legislativo que beneficiaría a cientos de familias en riesgo de ser desalojadas.
La situación generó inmediatas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron al exgobernador regional por lo que consideran un uso indebido de su investidura como congresista. En los comentarios, se señala que Picón habría solicitado apoyo para su esposa, quien estaría postulando como senadora, y para su hijo, quien postularía como diputado, en el marco de las elecciones previstas para el 12 de abril.
Diversas publicaciones calificaron el hecho como un presunto acto de presión política y lo vincularon con una estrategia para captar votos mediante promesas relacionadas con obras y seguridad territorial para los habitantes de La Pedroza.
Ofrecería ley
Uno de los puntos más sensibles del caso se centra en la presunta afirmación atribuida al congresista, en la que habría señalado que impulsaría un proyecto de ley para evitar el desalojo de los pobladores de La Pedroza, zona donde, según las publicaciones, habitarían más de cinco mil familias.
Este aspecto ha incrementado la controversia, ya que varios ciudadanos interpretaron el mensaje como una forma de “chantaje político”, al condicionar una eventual intervención legislativa a un respaldo electoral específico.
Alertan al JNE
Ante la viralización de los videos y la ola de cuestionamientos, usuarios en redes sociales señalaron que el caso debería ser evaluado por la Comisión de Ética del Congreso, al considerar que existirían indicios de una conducta que podría vulnerar principios de neutralidad y uso adecuado del cargo.
Asimismo, se exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tomar conocimiento del caso, advirtiendo que este tipo de actos podrían constituir presuntas malas prácticas políticas durante el periodo preelectoral.
En varios mensajes, los ciudadanos expresaron preocupación por lo que consideran una utilización directa del cargo para promover candidaturas familiares, planteando la necesidad de que las autoridades electorales y parlamentarias evalúen la legalidad y pertinencia de los hechos difundidos.
