Martín Vizcarra, exmandatario con condena de 14 años, denuncia trato desigual en Barbadillo tras tres requisas en menos de 24 horas, comparando su situación con los 16 años de “privilegios” de Fujimori e insinuando una orden “desde arriba”.
En un nuevo capítulo de su encarcelamiento, el expresidente Martín Vizcarra acusó un trato diferenciado en el penal de Barbadillo, tras sufrir tres requisas en solo 24 horas. La denuncia, realizada este domingo 8 de febrero de 2026, incluyó la negación de visita a sus dos hijas, desatando una fuerte polémica que ya resuena en la opinión pública y mediática.
Según la investigación publicada por Exitosanoticias.pe, esta confrontación se suma a una serie de fricciones entre Vizcarra y la administración penitenciaria, exacerbadas por sus acusaciones de un manejo político detrás de las decisiones en su contra, lo que levanta cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema y la transparencia de las instituciones peruanas.
Vizcarra suma tres requisas en menos de 24 horas y acusa abuso
Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 14 años por corrupción ligada al “Club de la Construcción” durante su etapa como gobernador de Moquegua (2011-2014), Martín Vizcarra Cornejo (presidente entre 2018 y 2020) utilizó sus redes sociales este 9 de febrero de 2026 para exponer su indignación. Según detalló, se le sometió a tres requisas exhaustivas en un lapso inferior a 24 horas, una cifra alarmante que no tiene precedentes en su historial carcelario. En una de estas inspecciones matutinas, el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría llegado incluso a golpear el colchón de su celda, un acto que Vizcarra califica como un “presunto abuso” y una clara señal de amedrentamiento, sin encontrar absolutamente “nada irregular” en el proceso.
¿El trato en Barbadillo: desigual para un expresidente?
La situación escaló aún más cuando, al mediodía de ese domingo, sus dos hijas acudieron al penal para la visita semanal establecida. Sin embargo, los trabajadores del INPE les negaron el ingreso a ambas, alegando que solo una podría entrar. Vizcarra, indignado por lo que consideró otro exceso, decidió que ninguna de sus hijas ingresara. Este incidente ocurre en un contexto donde, según el exmandatario, las “fotografías reveladas en la prensa” tras las requisas buscan humillarlo públicamente. La pregunta que surge es si existe un protocolo estándar para requisas y visitas en penales de alta seguridad como Barbadillo, que alberga a exmandatarios, o si las normativas se aplican de forma discrecional para los más de 33 millones de peruanos.
La sombra de ‘Chifagate’ se alarga
Vizcarra no se quedó solo en la denuncia penitenciaria. Su acusación se extendió a esferas políticas, insinuando que las órdenes “vienen de arriba”, refiriéndose directamente al gobierno del presidente José Jerí.
¿Privilegios históricos en prisión para un exmandatario?
La comparación más llamativa de Vizcarra fue con Alberto Fujimori, quien estuvo recluido en Barbadillo por 16 años (entre 2007 y 2023, antes de su indulto y posterior retorno), condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción durante su periodo presidencial (1990-2000). “¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor”, recordó Vizcarra. Esta declaración, cargada de ironía, sugiere que Fujimori gozó de un régimen de privilegios en comparación con el trato actual a Vizcarra, abriendo el debate sobre el trato diferenciado a exjefes de Estado en prisión, un tema sensible para la historia política del Perú que ha visto a más de 5 exmandatarios investigados o encarcelados.
El INPE y el protocolo de seguridad en penales de alta complejidad
El expresidente Vizcarra no solo vincula a Jerí Oré con los presuntos abusos en prisión, sino que también lo señala como el causante de demoras médicas críticas que, según afirma, resultaron en la pérdida de uno de sus riñones tras una cirugía reciente. Esta es una acusación grave que eleva el conflicto a un nivel personal y ético. Las normativas del INPE establecen protocolos estrictos para requisas, las cuales deben ser programadas y justificadas, con un número determinado de operativos anuales. Sin embargo, tres requisas en menos de un día plantean serias preguntas sobre la observancia de estos procedimientos y si el número de requisas a Vizcarra supera las prácticas habituales, que suelen ser de 1 a 2 mensuales en penales de alta seguridad.
Una semana clave para la denuncia
La reacción de Vizcarra no se detuvo ahí. El exmandatario desafió a Jerí Oré a visitarlo durante la próxima requisa, ironizando con el caso ‘Chifagate’, por el que el funcionario viene siendo investigado y que involucra presuntos manejos irregulares. “Que venga a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino y la mafia del Congreso que lo protege”, finalizó Vizcarra, haciendo una dura crítica a la actual situación de seguridad ciudadana, donde más del 70% de los peruanos perciben un aumento de la delincuencia en los últimos 12 meses, afectando a los casi 30 millones de usuarios de móvil que consumen noticias rápidamente.
¿Qué sigue tras el desafío público y las acusaciones de abuso de poder?
Las explosivas declaraciones de Martín Vizcarra no solo reavivan el debate sobre las condiciones carcelarias de los expresidentes, sino que escalan la tensión política con el gobierno actual. Su denuncia pública, que generó miles de interacciones, busca visibilizar su situación y presionar sobre la supuesta politización de la justicia. La próxima semana será crucial para observar si el INPE o el Ejecutivo responden a estas graves acusaciones o si la controversia se diluye, dejando dudas sobre la equidad judicial.
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