La ejecución de la obra de riego en cinco centros poblados del distrito de Chavinillo ha dejado de ser un proyecto de desarrollo para convertirse en un foco de interrogantes públicas. Las denuncias formuladas por el Frente de Defensa de Chavinillo, que involucran presuntos vínculos familiares, millonarios desembolsos y deficiencias visibles en la infraestructura, han instalado una duda legítima sobre cómo se están administrando más de S/ 11 millones de recursos públicos en la provincia de Yarowilca.
La secretaria del Frente de Defensa, Vanessa Samantha Gordillo Cipriano, expuso documentos atribuidos al Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República que advertirían un presunto parentesco entre el representante legal de la empresa ejecutora, Mega Inversiones SRL, y una jueza superior de Huánuco. Según indicó, el socio y representante legal Moner Fermín Guerra Utrilla sería hermano de la magistrada Florencia Guerra Carhuapoma, información que —conforme manifestó— figura en la declaración jurada de intereses del año 2024 presentada por la jueza.
El señalamiento no es menor porque introduce un componente institucional delicado: la posible coexistencia de intereses privados y funciones públicas en un proyecto financiado con fondos del Estado. Aunque la sola existencia de un parentesco no constituye automáticamente un delito, los informes de control, de confirmarse, obligan a una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y supervisión, así como a una explicación clara por parte de las autoridades involucradas.
Más allá del componente legal, la denuncia incorpora un segundo eje igual de relevante: la calidad y el avance real de la obra. Gordillo sostuvo que, de un presupuesto aproximado de S/ 11 millones, ya se habrían girado cerca de S/ 9 millones, pese a que el canal de riego no estaría concluido. Según afirmó tras una visita a la zona, la infraestructura presentaría fisuras, parches y fallas visibles que no se condicen con el nivel de gasto ejecutado.
Las acusaciones adquieren mayor peso político al considerar que la obra se desarrolla durante la gestión del alcalde provincial de Yarowilca, Edson Cabrera, y que el plazo de ejecución consignado en el cartel de obra sería de 270 días calendario, tiempo que —según la denunciante— ya habría vencido sin que el proyecto esté culminado. La prolongación de plazos y el desembolso avanzado de recursos plantean preguntas sobre la eficacia del control municipal y la supervisión técnica.
Gordillo informó además que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de videos, actas y documentación, y que mantendrá su exigencia de esclarecimiento. En paralelo, cuestionó la asesoría legal de la municipalidad, señalando que el abogado Iván Pedro Albornoz operaría como asesor externo mediante órdenes de servicio, sin vínculo laboral directo, situación que —según su versión— podría constituir una irregularidad administrativa.
