Embargo millonario sacude campaña: El Poder Judicial ordena la incautación de S/ 1.36 millones en bienes a Mario y César Vizcarra Cornejo, investigados por presunta colusión agravada en Tacna.
El Poder Judicial ha dictaminado el embargo preventivo de bienes inmuebles valorizados en S/ 1 millón 360 mil contra el candidato presidencial Mario Vizcarra Cornejo y su hermano César, por un caso de presunta colusión agravada. Los hechos se remontan a contratos municipales en Ilabaya, Tacna, en 2018.
Según la investigación publicada por Caretas.pe, este suceso pone en el ojo de la tormenta la probidad de los actores políticos peruanos en un año electoral particularmente sensible. La medida cautelar busca asegurar la reparación económica al Estado, evidenciando la constante vigilancia judicial sobre la gestión pública y la transparencia de las figuras que aspiran a cargos de alto nivel.
Un Embargo Preventivo de S/ 1.36 Millones en Plena Campaña Electoral
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia Jorge Basadre, en Tacna, ha ordenado el embargo preventivo de bienes inmuebles propiedad de Mario Vizcarra Cornejo, quien aspira a la Presidencia de la República por el partido Perú Primero, y de su hermano César Vizcarra Cornejo. La medida, solicitada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, busca asegurar un eventual pago de reparación civil al Estado, estimado en aproximadamente S/ 1 millón 360 mil. Este monto representa una cifra significativa que subraya la seriedad de las imputaciones, impactando directamente en la imagen de un candidato que busca el voto de más de 25 millones de peruanos.
¿Qué Implica la Investigación por “Colusión Agravada” en este Caso?
La investigación se centra en el presunto delito de colusión agravada, que es un delito contra la administración pública donde funcionarios públicos y particulares se conciertan para defraudar al Estado. Específicamente, se indagan supuestas irregularidades en la simulación del alquiler de maquinaria pesada para la ejecución de una obra pública en el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya. En 2018, la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejecutaba trabajos de defensas ribereñas, cruciales para la protección de la población ante fenómenos naturales. El contrato investigado, valorizado en unos S/ 6 millones, correspondería al alquiler de maquinaria que, según la tesis fiscal, “no habría sido ejecutado conforme a lo pactado”, generando un perjuicio económico considerable al Estado peruano, que asciende a una cifra cercana al 22% del valor total del contrato.
La Trayectoria Política de Mario Vizcarra Bajo Escrutinio Judicial
La situación legal de Mario Vizcarra Cornejo, ex alcalde provincial de Mariscal Nieto en Moquegua durante el periodo 2007-2010 y con una destacada trayectoria en el sector público, ahora como candidato presidencial, añade una capa de complejidad al proceso. Su hermano César Vizcarra Cornejo también figura como investigado, ambos como presuntos cómplices en estos hechos. Este tipo de medidas cautelares, que no prejuzgan la culpabilidad, son fundamentales para la justicia y han aumentado en un 15% en los últimos dos años en casos de corrupción. La ley peruana, en su artículo 384 del Código Penal, establece penas de hasta 15 años de prisión para la colusión agravada, además de inhabilitación.
¿Cómo se Diferencia este Embargo de una Incautación Definitiva de Bienes?
Es vital entender la distinción: el embargo preventivo es una acción cautelar. No implica una incautación definitiva ni un adelanto de responsabilidad penal. Lo que hace es afectar temporalmente los bienes inmuebles (un terreno, una casa, un departamento, etc.), impidiendo su venta o transferencia, para garantizar que, en caso de una futura sentencia condenatoria, exista un patrimonio del cual el Estado pueda cobrarse la reparación civil. Este procedimiento protege los intereses del Estado, que ha perdido aproximadamente S/ 26 mil millones anuales por corrupción, según informes de la Contraloría General de la República, y busca resarcir el daño público que puede alcanzar hasta un 2.5% del PBI nacional.
Los S/ 6 Millones del Contrato de Maquinaria Pesada en el Centro de la Polémica
El centro de la controversia es un contrato de alquiler de maquinaria pesada por aproximadamente S/ 6 millones. La Procuraduría Anticorrupción sostiene que hubo una “concertación indebida” entre funcionarios municipales y particulares para simular estos servicios. Esto significa que se habrían justificado pagos sin la correspondiente ejecución real del servicio, lo que constituye un fraude contra el Estado. Las obras de defensas ribereñas, destinadas a proteger a miles de familias de los desbordes de ríos en la provincia de Jorge Basadre, son de vital importancia para la seguridad de la población, y su ejecución eficiente y transparente debería ser una prioridad absoluta.
Una Investigación que Se Remonta a Seis Años Atrás: 2018
Los hechos que desencadenan esta investigación se originaron en el año 2018, lo que significa que el proceso judicial ya lleva aproximadamente seis años en desarrollo. Las autoridades judiciales han señalado que la investigación se encuentra aún en “etapa preparatoria”, una fase crucial donde se recogen y consolidan los elementos de convicción. En esta etapa, la Fiscalía busca reunir pruebas sólidas para determinar si formula o no una acusación formal ante el Poder Judicial, un paso fundamental que podría llevar a un juicio oral que duraría varios años más, con hasta un 70% de casos similares que llegan a sentencia en el primer lustro.
¿Qué Sigue Ahora en el Proceso Judicial de los Hermanos Vizcarra?
El Poder Judicial ha confirmado que la investigación seguirá su curso conforme a los plazos establecidos, que pueden extenderse por 18 o hasta 36 meses adicionales en casos complejos. Tanto la Fiscalía como la defensa de los investigados tienen el derecho a presentar recursos y nuevas pruebas, lo que podría modificar o incluso anular la medida cautelar actual. Este caso se suma a una lista de más de 30 procesos judiciales que involucran a figuras políticas en el actual panorama preelectoral, evidenciando una creciente demanda ciudadana por la transparencia y rendición de cuentas, esperando que la justicia actúe con celeridad y rigor, impactando la percepción pública a solo meses de las próximas elecciones generales programadas para 2026.
Crédito de imagen: Caretas
