La Defensoría del Pueblo investiga una presunta red de extorsión y maltratos en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, en la región Pasco, tras alertas formuladas por familiares de un interno. La institución señaló que recibió una llamada de denuncia y que, como primera medida, dispuso una verificación in situ junto al Ministerio Público. El caso se encuentra en etapa de investigación y, por ahora, no existe pronunciamiento definitivo sobre responsabilidades.
Verificación y testimonios
Según el abogado de la Defensoría, Emerson Palacios, el equipo ingresó al penal para recoger información, entrevistar a autoridades penitenciarias y constatar condiciones denunciadas. Los familiares aseguran que algunos servidores del INPE habrían exigido dinero a cambio de “favores” internos y que, además, existirían agresiones físicas y psicológicas contra reclusos. También mencionaron un ambiente denominado “el hueco”, donde —según su versión— se aplicaría castigo y aislamiento.
Denuncia de cobros por informes
En paralelo, un grupo de más de 20 internos habría presentado acusaciones contra integrantes del Consejo Técnico Penitenciario, señalando que funcionarios de áreas como Psicología, Asistencia Social y Legal pedirían montos de entre S/ 10.000 y S/ 20.000 para emitir informes favorables sobre trabajo, conducta y evaluaciones. Esos documentos, sostienen los denunciantes, se usarían para tramitar beneficios penitenciarios como redención de pena, semilibertad, libertad condicional o traslados a regímenes menos severos.
Respuesta institucional y próximos pasos
Entre los nombres mencionados en las acusaciones figura la funcionaria Mery Gaby Gonzáles Barzola, a quien los internos describen como pieza clave del presunto esquema. Los denunciantes afirman que los pagos no se harían de forma directa, sino mediante depósitos a cuentas de terceros. Hasta el cierre de esta nota, el INPE no había difundido una versión pública sobre estas imputaciones específicas. La Defensoría indicó que su intervención busca salvaguardar derechos y prevenir abusos, mientras el Ministerio Público define si corresponde abrir investigación penal. Especialistas consultados advierten que la falta de control favorece mercados ilegales dentro de penales y afecta la resocialización. Familiares de reclusos pidieron garantías para denunciar sin represalias y exigieron que cualquier responsable sea sancionado conforme a ley.
El penal de Cochamarca, ubicado en el distrito de Vicco, es considerado de alta seguridad y ha sido objeto de operativos y requisas en años recientes, según reportes oficiales. La Defensoría remarcó que hará seguimiento al caso y comunicará sus hallazgos a las instancias competentes. La ciudadanía puede canalizar quejas mediante los canales oficiales de manera reservada y gratuita.
