El Ministerio Público informó que el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios obtuvo una sentencia condenatoria contra C. S. por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado Peruano – Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL).
De acuerdo con la información fiscal, el caso fue dirigido por la fiscal adjunta Carmen Beatriz Reyes Valentín, quien estuvo a cargo del expediente que concluyó con una resolución judicial aprobada mediante el mecanismo de terminación anticipada. Este procedimiento, conforme a la práctica procesal, permite cerrar un proceso penal cuando las partes llegan a un acuerdo dentro del marco legal y este es validado por el juez competente.
Según lo comunicado por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional estableció una pena de un año y ocho meses de privación de libertad contra el sentenciado, en calidad de autor del delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal. La sanción fue impuesta con carácter de ejecución suspendida, fijándose un periodo de prueba de un año, durante el cual el condenado deberá cumplir las reglas de conducta que disponga el fallo.
Reparación civil, inhabilitación y días multa
Además de la pena, la sentencia ordenó el pago de S/ 3 000 por concepto de reparación civil a favor de la UNHEVAL. Asimismo, se dispuso la inhabilitación por cuatro años y dos meses, medida que establece restricciones para ejercer funciones públicas o vinculadas al Estado, en los términos definidos por la resolución judicial.
El Ministerio Público también informó que se impuso el pago de 150 días multa, equivalentes a S/ 2 550, como parte de las consecuencias legales del proceso.
La Fiscalía sostuvo que este resultado forma parte de las acciones orientadas a sancionar el uso indebido de recursos públicos y a proteger los intereses del Estado. Finalmente, el Ministerio Público reiteró que continuará impulsando investigaciones en casos de presunta corrupción de funcionarios, dentro del debido proceso y las garantías correspondientes.
