La Justicia federal de Argentina formalizó este miércoles 4 de febrero de 2026 un pedido de extradición a Estados Unidos contra Nicolás Maduro, con el fin de que sea juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su permanencia en el poder en Venezuela. La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, quien ordenó el envío de un exhorto internacional conforme al Tratado de Extradición vigente entre ambos países.
El requerimiento judicial tiene como finalidad que Maduro, detenido el 3 de enero y actualmente bajo custodia en Nueva York, sea puesto a disposición de los tribunales argentinos para responder por acusaciones vinculadas a torturas, detenciones arbitrarias, persecución política y otros delitos graves contra los derechos humanos.
Según el documento judicial, la solicitud se sustenta en el principio de jurisdicción universal, figura del derecho internacional que habilita a los Estados a investigar y juzgar crímenes de extrema gravedad, independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y los imputados.
Desde la querella, el abogado Tomás Farini Duggan, integrante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), señaló que el tratado no establece un plazo determinado para la respuesta de Estados Unidos. No obstante, precisó que, en caso de que el pedido sea rechazado, se evaluará la posibilidad de que el juez y el fiscal viajen a territorio estadounidense para avanzar hacia un juicio oral mediante la toma de declaración del acusado.
Tortura, persecución y desapariciones
La causa judicial contra Nicolás Maduro se inició en 2023, a partir de denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil ante la Justicia federal argentina. Estas acciones apuntaron a documentar un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos atribuido al aparato estatal venezolano durante su régimen.
El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) encabezó la querella inicial, denunciando delitos de tortura, persecución política, arrestos ilegales y desapariciones forzadas. Posteriormente, la Clooney Foundation for Justice (CFJ) presentó una denuncia adicional por ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, lo que permitió ampliar y robustecer el expediente.
Ambas presentaciones fueron unificadas bajo la causa N.° 2001/2023, concentrando las imputaciones contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno. La investigación avanzó con la recopilación de testimonios de víctimas, informes de organismos internacionales y documentación sobre prácticas represivas presuntamente ejecutadas de manera coordinada.
En septiembre de 2024, la causa alcanzó un punto clave cuando la Justicia argentina dictó una orden de captura internacional contra Maduro y miembros relevantes de su entorno político y de seguridad. En esa resolución, los magistrados señalaron indicios de la existencia de un plan sistemático de represión contra la población civil, orientado a neutralizar la disidencia política mediante el uso del aparato estatal.
Jurisdicción universal
El pedido de extradición se inscribe en una línea jurisprudencial sostenida por Argentina en materia de jurisdicción universal, mecanismo que le ha permitido intervenir en causas de alto impacto internacional vinculadas a crímenes de lesa humanidad, genocidio y persecución étnica o política.
Uno de los antecedentes más relevantes es la causa abierta por la justicia argentina contra autoridades de Myanmar por el presunto genocidio de la minoría rohingya, así como la investigación iniciada en 2024 contra altos funcionarios de China por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población uigur.
Este enfoque se apoya en la Constitución argentina y en tratados internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Bajo este marco, los tribunales argentinos asumen competencia cuando los Estados directamente involucrados no investigan, no juzgan o carecen de voluntad política para hacerlo.
En el caso de Venezuela, la Justicia argentina considera que existen elementos suficientes para sostener que los hechos denunciados no han sido debidamente esclarecidos ni sancionados en el ámbito interno, lo que habilita la intervención de jurisdicciones extranjeras.
El pedido de extradición a Estados Unidos marca un nuevo capítulo en esta causa de alcance internacional y abre un escenario complejo en términos diplomáticos y jurídicos, mientras se espera la respuesta de las autoridades estadounidenses sobre el futuro procesal del exmandatario venezolano.
