El proceso de renovación docente, regulado por el Decreto Supremo Nº 022-2025-MINEDU, ha generado una ola de reclamos en las últimas 48 horas. Maestros que rindieron la Prueba Única Nacional (PUN) denuncian que los resultados publicados no respetarían el orden de méritos. Según los afectados, existiría una preferencia hacia ciertos perfiles en los comités de evaluación de las UGEL, afectando la transparencia que debe regir el sistema educativo para el ciclo 2026.
La principal queja radica en la discrecionalidad de los directores. Se estima que en la región hay más de 25 casos bajo sospecha de haber sido favorecidos por criterios subjetivos. Los docentes señalan que el 70% de las quejas se concentran en instituciones donde los directivos tienen vínculos con movimientos políticos. Esta situación ha puesto en alerta a los sindicatos, quienes exigen revisar los expedientes para evitar un “negociazo” con las plazas públicas.
La demora en la normativa agravó el escenario. Al publicarse los lineamientos de forma tardía, el periodo de fiscalización se redujo a solo 14 días, facilitando presuntas irregularidades. Un maestro con más de 5 años de servicios denunció que su plaza fue asignada a un postulante con menor puntaje tras un informe de desempeño cuestionable. Este tipo de testimonios se multiplican en las plataformas digitales, donde se pide la intervención de la Contraloría.
¿Es transparente el sistema de evaluación de desempeño actual?
El trasfondo electoral de 2026 añade una capa de desconfianza al proceso. Algunos gremios advierten que directores que postulan a cargos municipales podrían estar usando las renovaciones como herramienta de captación. Se reportan indicios de que en 3 provincias se habrían condicionado contratos. El sueldo promedio de un docente contratado, cercano a los S/3,100, resulta una cifra significativa en el presupuesto regional que hoy está bajo la lupa ciudadana.
Ante la falta de pruebas concluyentes en todos los casos, la prudencia es vital. Sin embargo, la acumulación de denuncias administrativas ha forzado a las autoridades a pronunciarse. El Ministerio Público ha recibido alertas sobre la posible existencia de sellos adulterados en al menos 16 expedientes técnicos. De confirmarse, los implicados enfrentarían sanciones administrativas severas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por varios años.
La estabilidad del año escolar 2026 depende de una solución rápida. Los docentes han dado un plazo de 5 días hábiles para que se instalen mesas de diálogo y se auditen los casos más críticos. No se descarta que, de no mediar una revisión técnica de la PUN, se inicien medidas de protesta. La calidad educativa de 3 millones de estudiantes en el país no puede verse comprometida por sospechas de clientelismo o falta de rigor técnico.
