El desembolso de S/ 23 millones para la deuda social en Huánuco, anunciado este 1 de febrero de 2026, expone una brecha crítica entre la legalidad judicial y la ejecución presupuestaria. Aunque el Gobierno Regional presenta esta cifra como un avance, el dirigente Julio Falcón sostiene que el impacto es marginal. Con montos de apenas S/ 3,000 por beneficiario, la medida cubre menos del 5% de deudas individuales que, en casos como el de Falcón, alcanzan los S/ 73,000. ¿Es este pago una solución real o un paliativo contable frente a sentencias que exigen el cumplimiento total en un plazo de 20 días?
La gestión de los recursos del tesoro público regional destinados a este fin revela una deficiencia estructural. Según los reportes técnicos, miles de docentes cesantes enfrentan procesos que duran entre 5 y 10 años para obtener una sentencia firme. Al recibir solo una fracción del monto adeudado, se vulnera el carácter vinculante de los fallos del Poder Judicial. La brecha de 95.8% entre la deuda reconocida (S/ 73,000) y el pago efectivo (S/ 3,000) demuestra que el presupuesto actual es insuficiente para sanear el pasivo estatal acumulado durante décadas de cálculos erróneos en la Dirección Regional de Educación.
El conflicto escala al plano nacional, donde la Ley de Jubilación Docente permanece estancada. Tras ser impulsada en 2023 desde Huaraz y aprobada en segunda votación por el Congreso, la norma fue observada por el Ejecutivo. Esta parálisis administrativa afecta a más de 15,000 maestros cesantes a nivel nacional que dependen de una decisión política para actualizar sus pensiones. Mientras el Estado asigna partidas millonarias a logística de defensa, el magisterio percibe una postergación sistemática que alimenta el descontento social a 14 meses de las elecciones generales.
La deuda social no es solo un balance financiero; es un factor de presión política. Con el inicio del primer trimestre de 2026, las bancadas que hoy controlan el Legislativo enfrentan el juicio de un sector que asocia la corrupción estatal con la demora en sus pagos. Si el Congreso no agenda la insistencia de la ley observada en las próximas 48 horas de legislatura efectiva, el magisterio cesante advierte una movilización que podría alterar el mapa electoral. La pregunta queda abierta: ¿podrá el sistema político cerrar una brecha económica de S/ 23 millones antes de que el costo social sea irreversib
