La posibilidad de que el año escolar se inicie sin la totalidad de docentes contratados en las aulas de la provincia de Marañón volvió al centro del debate regional. El consejero regional Dante Tarazona sostuvo que los actuales procesos de contratación y destaque docente, sumados a disposiciones emitidas fuera de plazo, están generando incertidumbre entre los maestros y comprometiendo la planificación institucional previa al inicio de clases, previsto para marzo.
Según manifestó en entrevista, la principal consecuencia inmediata es el aumento de la presión sobre los docentes contratados, quienes —de acuerdo con su versión— desconocen si lograrán renovar contrato en un contexto administrativo cambiante. Tarazona señaló que esta incertidumbre impacta directamente en la organización del año escolar, porque los maestros deberían participar desde semanas antes en la planificación pedagógica, la gestión institucional y la programación académica.
El consejero indicó que, lejos de encontrarse en un periodo de descanso, muchos docentes están dedicando estas semanas a reunir expedientes, hojas de vida y documentos de desempeño. A su juicio, esta situación está generando inconformidad en el magisterio y debilitando el clima institucional en los colegios, en un momento clave para el llamado buen inicio del año escolar.
Evaluaciones, evidencias y presión administrativa
Tarazona sostuvo que uno de los principales problemas se origina en la exigencia de evidencias de desempeño docente. Según explicó, a lo largo del año las instituciones educativas enfrentan limitaciones para recabar información formal sobre el trabajo del maestro, especialmente en zonas rurales donde —según dijo— el proceso educativo se sostiene con apoyo de padres de familia, estudiantes y directivos.
De acuerdo con el consejero, estas dificultades terminan trasladándose al momento de la renovación de contratos, cuando se exige documentación que no siempre refleja el trabajo real desarrollado en el aula. En ese marco, afirmó que el sistema de evaluación estaría operando con rigidez administrativa, sin considerar las condiciones concretas en las que se presta el servicio educativo en provincias alejadas.
Tarazona también vinculó este escenario con la emisión tardía de normas por parte del Ministerio de Educación. Según manifestó, estas disposiciones se aprueban “de manera improvisada” y obligan a las UGEL y a las instituciones educativas a reorganizar procesos en plazos ajustados, generando desorden administrativo y mayor incertidumbre entre los docentes contratados.
El consejero señaló que esta situación no solo afecta a los maestros, sino también a la gestión educativa en su conjunto, porque la planificación institucional se ve fragmentada: algunos docentes logran incorporarse a tiempo y otros llegan cuando las clases ya han comenzado, lo que —según afirmó— termina derivando en improvisación pedagógica.
Destaques docentes y responsabilidades compartidas
Otro punto crítico identificado por el consejero es el manejo de los destaques de docentes nombrados. El consejero explicó que estos procedimientos se inician en la institución educativa y que el director es la primera instancia que autoriza el destaque, generalmente por razones de salud, antes de que el trámite pase a la UGEL correspondiente.
En ese contexto, Tarazona cuestionó lo que consideró una contradicción administrativa: avalar un desempeño favorable para efectos de contratación o permanencia y, al mismo tiempo, respaldar un destaque del mismo docente. Según sostuvo, esa dualidad resulta ilógica y traslada una alta responsabilidad tanto a los directores como a las UGEL, que deben evaluar si existen razones objetivas para el movimiento del profesor.
De acuerdo con su explicación, antes de autorizar un destaque debería verificarse si el docente presenta un desempeño desfavorable o si ha desistido de su plaza original. De lo contrario —según afirmó— se estaría generando un doble mensaje administrativo que complica la transparencia del proceso y alimenta la percepción de desorden en la gestión educativa.
El consejero insistió en que estos procedimientos, sumados a la carga burocrática existente, no contribuyen a una planificación ordenada del año escolar y terminan afectando tanto a los docentes como a las instituciones educativas que esperan completar su cuadro de personal antes del inicio de clases.
