La iniciativa, impulsada desde Huánuco por el Colegio de Abogados y respaldada por decanos de varias regiones, se encuentra en debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; su aprobación en dictamen se espera para marzo, según indicó el decano Handy Cruz Jaramillo.
Un proyecto de Ley de la Abogacía que busca regular de manera integral el ejercicio profesional de los abogados en el país avanza en el Congreso de la República tras una iniciativa promovida desde Huánuco. El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Handy Cruz Jaramillo, señaló que la propuesta nació como respuesta a la ausencia de una norma específica que unifique criterios éticos, deontológicos y funcionales para el gremio, situación que —según afirmó— ha generado dispersión normativa durante años.
De acuerdo con Cruz, la propuesta legislativa se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, en condición de “cuarto intermedio”. Según manifestó, el cronograma parlamentario apunta a que en marzo se apruebe el dictamen correspondiente, paso previo para que el texto sea elevado al Pleno del Congreso para su discusión final.
El decano sostuvo que el proyecto no surgió de manera aislada, sino que fue previamente debatido y aprobado en una asamblea nacional de decanos de colegios de abogados, lo que permitió que la iniciativa llegue al Parlamento con respaldo gremial. En ese marco, confirmó la presencia y apoyo de decanos de regiones como Pasco, Ica y San Martín, quienes participaron en audiencias públicas y expresaron aportes al texto.
Vacío normativo
Handy Cruz afirmó que, a diferencia de otros gremios profesionales, los abogados no cuentan con una ley específica que regule de forma integral su ejercicio. Según explicó, esta ausencia ha obligado a que cada colegio profesional establezca reglas internas propias, especialmente en materia ética y deontológica, lo que ha derivado —en su opinión— en criterios dispares que dependen, en muchos casos, del decano de turno.
El objetivo central de la iniciativa, según lo expuesto por Cruz, es unificar al gremio bajo reglas comunes que fortalezcan la institucionalidad de la profesión. Indicó que la ley permitiría establecer parámetros generales para el ejercicio ético del abogado, tanto en el ámbito privado como en el desempeño dentro de entidades públicas del Estado.
El decano precisó que la regulación alcanzaría a abogados que ejercen en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras dependencias estatales, con el propósito de ordenar y sistematizar su desempeño profesional. Según sostuvo, hoy existen controles parciales que no siempre se aplican de manera uniforme, especialmente fuera del litigio libre.
Cruz subrayó que la propuesta no busca interferir con otras profesiones ni generar impactos fuera del ámbito jurídico. En sus declaraciones, insistió en que se trata de una norma circunscrita exclusivamente a los abogados y a la forma en que ejercen su función dentro del sistema de justicia y la administración pública.
Habilitación, control y verificación de títulos
Uno de los puntos centrales del proyecto, según detalló el decano, es la exigencia de que todos los abogados estén habilitados mensualmente para ejercer la profesión, incluidos magistrados y funcionarios públicos. Cruz sostuvo que, en la práctica actual, este control se aplica con mayor rigor en el ejercicio privado, mientras que en el sector público no siempre se verifica de manera exhaustiva.
Asimismo, explicó que la iniciativa contempla un mecanismo de verificación previa de títulos profesionales antes de la colegiatura. De acuerdo con su versión, los colegios de abogados deberán comprobar la inscripción del título en la Sunedu y en el registro correspondiente de la Corte Superior de Justicia del distrito judicial, como una medida de formalidad y control institucional.
