Una sentencia por estafa agravada volvió a poner en agenda el impacto de los engaños económicos que se gestan con ofertas “demasiado buenas” y terminan en perjuicios difíciles de reparar. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado informó que logró que el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio dicte cuatro años de pena privativa de libertad contra Edgar Laura, hallado responsable del delito de estafa agravada en agravio de Miguel Salinas.
Según el Ministerio Público, la condena se sustentó en un trabajo de investigación y actuación fiscal dirigido por el fiscal adjunto provincial Abel Chávez Ascencios, quien acreditó que el sentenciado utilizó actos de engaño para inducir a la víctima a realizar depósitos de dinero. La estrategia, de acuerdo con la acusación fiscal, se habría construido sobre dos promesas: convertir al agraviado en socio de una empresa y facilitarle la adquisición de un vehículo destinado a fines laborales.
Un engaño sostenido en el tiempo
La Fiscalía señaló que el acusado no solo ofreció una supuesta participación empresarial, sino que además habría creado una “puesta en escena” para reforzar la credibilidad del relato. Durante el proceso, el representante del Ministerio Público expuso que Edgar Laura habría generado en Miguel Salinas una falsa expectativa, llegando incluso a presentarlo como socio ante terceros, lo que consolidó la confianza del agraviado y lo llevó a continuar con las entregas de dinero.
El perjuicio económico, según lo probado en juicio, se originó a través de depósitos efectuados entre septiembre y diciembre de 2020, por un monto total de US$ 5,648.92. Para el Ministerio Público, estos movimientos evidenciaron la continuidad del engaño y la disposición del acusado de mantener la promesa sin concretarla.
Multa y reparación civil
Además de la pena principal, el juzgado impuso el pago de 90 días multa, equivalentes a S/ 749.70, conforme a ley. Asimismo, se dispuso el pago de una reparación civil a favor del agraviado, con el objetivo de resarcir, en parte, el daño ocasionado por la estafa.
Desde la Fiscalía se remarcó que este fallo refleja la posición institucional frente a los delitos contra el patrimonio: sancionar conductas que afectan directamente la economía de las familias y frenar a quienes usan la mentira como mecanismo de captación. En ese sentido, el Ministerio Público indicó que continuará impulsando investigaciones y procesos para que las víctimas accedan a justicia efectiva en la provincia de Leoncio Prado.
