La República Popular de China ejecutó a 11 personas vinculadas a una red de estafas cibernéticas que operaba en el norte de Myanmar desde al menos 2015. Los condenados formaban parte de la llamada familia Ming, una estructura criminal que combinó fraude en internet, detención ilegal, homicidio, prostitución y tráfico de drogas, según información difundida por la agencia estatal Xinhua.
Los implicados habían sido condenados a muerte en septiembre de 2025, tras un proceso judicial que los halló culpables de múltiples delitos graves cometidos fuera del territorio chino, pero con víctimas mayoritariamente de nacionalidad china. Solo dos de los acusados presentaron apelaciones, lo que llevó el caso ante el Tribunal Popular Supremo de Beijing, instancia que finalmente ratificó las sentencias originales.
La familia Ming
La investigación judicial identificó como líder del grupo a Ming Xuechang, quien dirigía las operaciones desde un complejo conocido como Crouching Tiger Villa, ubicado en Kokang, una región autónoma en la frontera entre Myanmar y China. Informes de la cadena estatal CCTV señalan que la organización llegó a emplear a unas 10.000 personas, muchas de ellas víctimas de trata, obligadas a participar en esquemas de fraude digital.
La red no solo se dedicaba a estafas en línea, sino que también ejercía violencia sistemática contra los trabajadores. Según la sentencia, los miembros del grupo conspiraron para herir, asesinar o detener ilegalmente a quienes no cumplían con los objetivos criminales. Para ello, colaboraron con otros líderes mafiosos, entre ellos Wu Hongming, jefe de una organización aliada que también fue ejecutado.
Un elemento clave del caso fue la penetración de la familia Ming en estructuras de poder local. Algunos de sus integrantes ocupaban cargos en gobiernos regionales y milicias alineadas con la junta militar de Myanmar. El propio Ming Xuechang había sido miembro de un parlamento estatal, aunque falleció por suicidio mientras se encontraba bajo custodia.
Condenas
Entre los ejecutados se encontraba Ming Guoping, hijo de Ming Xuechang y líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang, así como Ming Zhenzhen, nieta del cabecilla. Además de las ejecuciones, el Tribunal Popular Supremo ordenó penas de muerte con suspensión de dos años para otras cinco personas y condenas de entre cinco años de prisión y cadena perpetua para 23 implicados adicionales.
La justicia china determinó que, desde 2015, la organización utilizó su influencia armada y política para establecer centros operativos en zonas como Laukkai, donde personas traficadas eran forzadas a ejecutar fraudes de telecomunicaciones e internet. Estos complejos también sirvieron como plataformas para casinos ilegales, redes de prostitución y tráfico de estupefacientes, con protección armada incluida.
Tras denuncias de familiares de víctimas, Pekín intensificó su ofensiva contra estas redes en 2023. En noviembre de ese año, China emitió órdenes de arresto internacionales contra la familia Ming y ofreció recompensas de hasta 70.000 dólares por información que permitiera su captura. En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que China impulsará la cooperación internacional para erradicar lo que calificó como “el cáncer del fraude y el juego ilegal” en la región.
