El proceso de demarcación territorial de Huánuco mantiene pendientes controversias con tres de los cinco departamentos colindantes, según indicó Guadalupe Laos Jaramillo, especialista en demarcación territorial del Gobierno Regional. De acuerdo con lo manifestado por la funcionaria, los límites con Ucayali, San Martín y Pasco concentran los principales tramos sin sellar, mientras que con Áncash existe un acuerdo previo que aún requiere regularización administrativa.
La especialista precisó que el pasado 22 de este mes una delegación del Gobierno Regional de Huánuco —integrada por el gobernador, el vicegobernador y gerentes sectoriales— suscribió en Lima una agenda anual de trabajo. Según explicó, el objetivo central para 2026 es cerrar un tramo pendiente con Ucayali, lo que permitiría concluir completamente el límite departamental con esa región.
Guadalupe Laos detalló que otro punto incluido en la agenda es el cierre de un encuentro tripartito entre Huánuco, San Martín y La Libertad. Según manifestó, esta zona requiere un trabajo técnico coordinado entre los tres gobiernos regionales para definir con precisión el punto de convergencia territorial, considerado estratégico dentro del proceso de demarcación externa.
Tramos críticos con Pasco y controversias vigentes
En relación con Pasco, Laos Jaramillo señaló que existen tres tramos específicos aún en controversia: Osomayo, ubicado en la provincia de Puerto Inca; Santa Virginia, en Pachitea; y Carampayo, en el distrito de San Rafael. Conforme indicó, el cierre de estos puntos dependerá de alcanzar consensos técnicos y políticos con el Gobierno Regional de Pasco durante el presente año.
La funcionaria precisó que las controversias externas más definidas se concentran en tres regiones. Según declaró, con San Martín persiste el conflicto en la zona de Paraíso; con Pasco, los tres tramos ya identificados; y con Áncash, un acuerdo firmado en 2018 que aún debe ser regularizado, particularmente en el sector de Huallanca, provincia de Huamalíes.
Respecto al caso de Áncash, Laos explicó que el trabajo se divide en dos frentes. De acuerdo con su versión, la parte técnica corresponde a Huamalíes, mientras que el aspecto administrativo de Huallanca será evaluado bajo otra normativa específica, a cargo de un grupo distinto dentro del Gobierno Regional.
Conflictos internos y procesos de dirimencia
En el ámbito interno, Guadalupe Laos indicó que los mayores conflictos de límites provinciales e interdistritales se concentran en Huacaybamba y Huamalíes. Según manifestó, los alcaldes involucrados han delegado al Gobierno Regional la potestad de definir estos límites mediante procesos de dirimencia, en los que la autoridad regional actúa como instancia decisoria.
La especialista señaló que el límite entre Leoncio Prado y Huamalíes fue cerrado en noviembre del año pasado. Conforme precisó, el proceso concluyó con un informe técnico definitivo que zanjó la controversia entre ambas provincias. Sin embargo, indicó que aún está pendiente el cierre del límite entre Leoncio Prado y Dos de Mayo, específicamente en la zona del valle Derrepente.
Sobre los criterios técnicos utilizados, Laos Jaramillo explicó que el proceso se rige por una normativa nacional de demarcación. Según detalló, la primera referencia son las leyes de creación territorial; cuando estas no son claras o resultan antiguas, se recurre a propuestas de los gobiernos locales y, de ser necesario, a consultas poblacionales.
En relación con la participación ciudadana, la funcionaria precisó que actualmente existen al menos dos colindancias donde podría aplicarse una consulta poblacional. Según indicó, uno de los casos es Puños Miraflores, donde —conforme manifestó— una población significativa ha sido administrada históricamente por distintas jurisdicciones, lo que justificaría un mecanismo de consulta.
Proyecciones para 2026 y límites de la normativa
De cara a 2026, Guadalupe Laos señaló que el trabajo se concentrará en cuatro provincias, destacando el caso de Puerto Inca. Según afirmó, los cuatro alcaldes provinciales y distritales involucrados han mostrado disposición para firmar actas de delimitación en febrero, lo que permitiría sellar casi la totalidad de los límites provinciales sin recurrir a consultas populares.
Finalmente, la especialista aclaró que la competencia normativa del proceso de demarcación llega hasta el nivel distrital. De acuerdo con su explicación, los centros poblados solo cuentan con delimitaciones referenciales establecidas por las municipalidades, ya que actualmente no existe una norma nacional que regule formalmente su demarcación, salvo que el Ejecutivo disponga un encargo específico en el futuro.
El avance de esta agenda, según lo señalado por la propia funcionaria, dependerá de la capacidad del Gobierno Regional para sostener consensos técnicos y políticos durante el año. El cierre —o no— de estos tramos marcará el ritmo de un proceso que arrastra décadas de indefiniciones y que sigue impactando en la administración territorial y la gobernabilidad regional.
