Tras 1 año y 4 meses de gestión, el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, oficializó ante la opinión pública la derrota legal absoluta: la Diresa ha perdido la titularidad del predio que ocupó durante 75 años ininterrumpidos. Con una orden de lanzamiento judicial activa desde el ciclo fiscal 2025, la entidad ha solicitado al juzgado una extensión de plazo crítica de 180 a 240 días (entre 6 y 8 meses) para intentar una mudanza ordenada que hoy parece logísticamente imposible.
La sentencia, que tiene calidad de cosa juzgada, pone fin a décadas de incertidumbre legal sobre el terreno donado originalmente en 1948. Barrera reconoció que la defensa judicial se agotó y que la única vía remanente es administrativa. Sin un plan de contingencia de infraestructura listo para este primer trimestre de 2026, la institución enfrenta el riesgo real de quedar en la calle, con equipos de alta tecnología valorizados en millones de soles y sin un espacio físico certificado para operar.
Estrategia ante los 5 directores
La supervivencia operativa de la sede depende ahora de una aritmética política precisa en el directorio de la Beneficencia Pública. Este órgano de 5 miembros ha sido reconfigurado recientemente: 2 representantes del Ministerio de la Mujer (MIMP), 2 de la Municipalidad Provincial de Huánuco y 1 del Gobierno Regional. La administración de Barrera busca capitalizar la incorporación de los 2 nuevos funcionarios ministeriales mediante una Resolución Ministerial reciente para romper el bloqueo al diálogo que caracterizó a las gestiones anteriores.
El objetivo de la Diresa no es revertir el fallo judicial —algo ya imposible— sino lograr un acuerdo de “convivencia temporal” o un contrato de alquiler que permita ganar tiempo. La propuesta plantea tres alternativas económicas: pago de arriendos, reconocimiento de deuda acumulada o la ejecución de un proyecto de inversión pública en beneficio de la Beneficencia. Sin embargo, para lograrlo, necesitan convencer a una mayoría de 3 votos sobre 5 en un directorio que históricamente ha priorizado la recuperación patrimonial del activo inmobiliario.
Impacto en 6 sistemas de salud
El desalojo amenaza con desmantelar el corazón del diagnóstico sanitario de la región: el Laboratorio de Salud Pública. Esta unidad es la única con capacidad resolutiva certificada para procesar muestras biológicas de 6 sectores estratégicos: Minsa, EsSalud, la Sanidad de la Policía Nacional, el Ejército Peruano, el INPE y la red de clínicas privadas. Ningún otro establecimiento en Huánuco posee la infraestructura de bioseguridad ni la cadena de frío necesaria para asumir esta carga masiva en un plazo de 48 horas.
Barrera fue enfático al señalar que “la enfermedad no distingue cargos ni uniformes”, advirtiendo que la paralización de este laboratorio dejaría ciega la vigilancia epidemiológica regional. El traslado forzoso de esta tecnología sensible en menos de 6 meses pondría en riesgo la calibración de equipos vitales, afectando la validez de miles de resultados médicos diarios y exponiendo a la población a una crisis sanitaria similar a la vivida durante las olas pandémicas recientes por falta de capacidad de respuesta rápida.
Legado histórico vs realidad 2026
El conflicto encierra una paradoja moral y legal. Aunque el filántropo Fausto Figueroa donó el terreno hace más de 7 décadas con el fin exclusivo de servir a la salud pública (“para un hospital, no para otras cosas”), la falta de saneamiento físico-legal por parte de 3 o 4 gestiones regionales anteriores condenó la posición del Estado. La “dejadez de autoridades” citada por el director actual transformó una donación benéfica en un litigio perdido por negligencia administrativa acumulada.
Mientras el juez evalúa la solicitud de prórroga de 8 meses, el reloj corre en contra de la Diresa. Si la respuesta judicial es negativa y el directorio de la Beneficencia mantiene su postura rígida, la ejecución del desalojo podría materializarse en el corto plazo. Con 2 representantes del MIMP recién sentados en la mesa y 1 sentencia firme en mano, Huánuco se acerca peligrosamente a un escenario donde el derecho de propiedad se impondrá sobre la continuidad del servicio de salud para cientos de miles de ciudadanos.
