El Gobierno Regional de Huánuco solicitó formalmente la exclusión de la congresista Elizabeth Medina de la Comisión de Fiscalización del Congreso, alegando que su participación comprometería la objetividad del proceso que investiga presuntas irregularidades en obras públicas regionales. La solicitud fue sustentada por el gerente regional de Asesoría Jurídica, Germán Bedoya Gómez, y el gerente general, Ronald Acuña, quienes advirtieron que existe un proceso judicial pendiente entre la parlamentaria y el gobernador regional, Antonio Pulgar.
De acuerdo con Bedoya, la congresista Medina mantiene una querella contra el titular del gobierno regional en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, hecho que —según indicó— configura un evidente conflicto de intereses. “Si quien investiga tiene un proceso personal con el investigado, la objetividad se ve seriamente comprometida”, declaró. A su juicio, se estaría desnaturalizando el carácter técnico y neutral que debe regir toda labor de control público.
Ambos funcionarios recordaron que el artículo 88, literal “ad”, del Reglamento del Congreso recomienda que el parlamentario que promueve la investigación no debe integrar la comisión encargada del proceso, precisamente para evitar una instrumentalización del mismo. En ese sentido, solicitaron al presidente de la comisión que convoque al accesitario correspondiente.
Evitar sesgo político
Otro argumento expuesto por el Gobierno Regional es el contexto político actual. Según expresó Bedoya, la congresista Elizabeth Medina ha oficializado su precandidatura al Senado en las elecciones generales del 2026 por el partido Somos Perú, lo que —según dijo— “abre la puerta a que la comisión sea utilizada como plataforma electoral”.
“Si una investigación se convierte en un instrumento político para atacar a un opositor, pierde su valor técnico y se convierte en una vendetta”, afirmó. Por ello, insistió en que la permanencia de Medina afectaría no solo la legitimidad del informe final, sino también la confianza ciudadana en los procesos de fiscalización.
En ese marco, también se informó que se ha remitido un pedido a la dirigencia nacional de Somos Perú para que evalúe la conducta de su militante, invocando principios de ética partidaria. A juicio de los funcionarios regionales, los partidos también deben asumir responsabilidad sobre el comportamiento de sus representantes en cargos públicos.
Sin notificación oficial
Por su parte, el gerente general Ronald Acuña precisó que, a pesar de que la comisión fue conformada hace casi dos meses, el Gobierno Regional de Huánuco no ha recibido notificación oficial ni requerimientos de información hasta la fecha. “No sabemos aún qué información quieren solicitar ni cuándo vendrán. Estamos esperando”, señaló.
Acuña remarcó que existe plena disposición para colaborar con la investigación. Según sostuvo, el equipo técnico del Gobierno Regional está preparado para brindar acceso total a la documentación correspondiente, y afirmó que la mayoría de las 32 obras señaladas por la comisión fueron iniciadas en gestiones anteriores.
“Nadie está evitando la fiscalización. Solo pedimos que se haga con responsabilidad y sin motivaciones personales o políticas”, manifestó.
Plazos ajustados
Los funcionarios también expresaron su preocupación por los plazos disponibles. Según Bedoya, el tiempo original de la comisión es de 60 días, los cuales estarían por concluir a mediados de febrero. Aunque el Congreso puede aprobar una ampliación de 30 días adicionales, advirtieron que el retraso en el inicio de las diligencias limita severamente la posibilidad de realizar una revisión técnica seria.
En esa línea, reiteraron que si no se atiende el pedido de retiro de Medina, cualquier conclusión que emita la comisión podría ser interpretada como parcializada. “Si alguien con intereses personales participa en una investigación, esta pierde legitimidad. Así ocurre con jueces, fiscales y debería ocurrir también en el Congreso”, declaró Bedoya.
Pese a ello, los funcionarios aclararon que no se opondrán al ingreso de los miembros de la comisión ni obstruirán su labor. “El Congreso tiene atribuciones legales que respetamos. Solo hemos querido dejar constancia pública de una situación que puede socavar la objetividad de esta investigación”, concluyeron.
