Normas que se reemplazan sin evaluarse, autoridades que rotan sin dejar memoria y políticas públicas que se anuncian más de lo que se implementan.
Por Mg. Wily Álvarez Pasquel
El Congreso acaba de otorgar al Ejecutivo facultades legislativas por 60 días en materias de seguridad ciudadana, economía y fortalecimiento institucional. No es la primera vez: las normas ya existen, pero se piden nuevas sin evaluar las anteriores. El propio Congreso registra leyes pendientes de reglamentar y decretos sin informes de impacto. El Estado legisla como si el problema fuera la falta de reglas, cuando en realidad es la incapacidad de sostenerlas y medir sus resultados. Así, cada delegación de facultades se convierte en un nuevo ciclo normativo que empieza con entusiasmo y termina sin memoria.
En el Perú, legislar y normar se confunden tanto que ya no importa si es ley, decreto o directiva: todo se acumula en la misma montaña de papeles. La diferencia entre legislar y normar es clara en teoría, pero en la práctica se diluye en la burocracia. Al final, el Estado legisla hasta cuando emite un manual de procedimientos, y normar se convierte en una especie de “legislación exprés”: rápida, repetitiva y sin memoria institucional.
En el Perú no faltan normas; falta constancia. Tampoco faltan directivas, lineamientos, guías, metodologías ni plataformas digitales; falta paciencia para ver si funcionan. Así, cada año se aprueba algo nuevo, no porque lo anterior haya fracasado, sino porque nunca se llegó a comprobar si siquiera se implementó. Para que una norma funcione, primero debe aplicarse y luego evaluarse. En la mayoría de los casos, se aprueba, se publica y se archiva, sin seguimiento real de su ejecución ni memoria institucional de sus resultados.
La gestión pública peruana está abundantemente regulada, aunque pobremente integrada. Existen normas de modernización, gestión por procesos, gestión del conocimiento, integridad pública, control interno, planeamiento estratégico y presupuesto por resultados. Y existen muchas más: lineamientos, manuales, guías, instructivos, protocolos, reglamentos y hasta plataformas digitales que prometen orden y eficiencia. La sorna es que el Estado parece convencido de que, a mayor número de normas, mayor calidad de gestión; como si acumular papeles y ahora archivos digitales fuera sinónimo de gobernar mejor. En la práctica, tenemos un menú normativo infinito, pero un plato vacío en la mesa de resultados.
Tomemos la gestión por procesos. Las directivas establecen identificar, medir y mejorar continuamente, y existen manuales, mapas y fichas para hacerlo. Con IA, incluso podrían monitorear tiempos y resultados en tiempo real. Sin embargo, en muchas entidades del aparato estatal, los plazos fijados por la norma son tan cortos que la respuesta institucional se vuelve mecánica: se copia lo anterior para “cumplir” el término, no para mejorar el proceso. El flujograma queda colgado en la pared, pero la práctica diaria se reinicia cada vez que hay una nueva designación. El problema no es técnico; es de diseño y cultura: si los tiempos y los plazos no permiten implementar el cambio con calidad, el cumplimiento se convierte en trámite y no en valor agregado.
Algo similar ocurre con la implementación de políticas públicas. Si uno busca información sobre sus avances, muchas veces no la encuentra en informes oficiales de evaluación, sino en redes sociales o notas de prensa. Fotografías de reuniones, anuncios de coordinaciones y titulares optimistas reemplazan al análisis riguroso. No se mide impacto; se mide visibilidad. No se evalúa resultado; se contabiliza publicación. La política pública se vuelve un espectáculo, no un proceso.
En integridad pública, el retintín es aún mayor. Hay normas, planes, comités y oficiales. Se habla de prevención y ética. Incluso existen herramientas tecnológicas para identificar riesgos. Pero cuando la prioridad es cumplir con el formato y no con el fondo, la integridad se convierte en un trámite más. La ética no se automatiza y ningún algoritmo corrige la incoherencia si esta se tolera desde la conducción.
El control interno tampoco escapa a esta lógica. Las normas buscan prevenir antes que sancionar. Pero cuando todo cambia rápido, el control llega tarde. La evaluación se vuelve retrospectiva, no preventiva. El daño ya ocurrió, la gestión ya cambió y la responsabilidad se diluyó entre reorganizaciones y ceses sucesivos. El informe queda; la lección no siempre.
Todo esto debería articularse con el planeamiento y el presupuesto. Los planes sectoriales orientan, los planes institucionales ordenan y los planes operativos ejecutan. La gestión del conocimiento debería ser el hilo conductor que permita continuidad más allá de las personas. Con inteligencia artificial, esa articulación podría fortalecerse. Pero cuando el cambio es permanente y la evaluación inexistente, el presupuesto se ejecuta para cumplir plazos, no para sostener resultados.
La memoria no empieza en la oficina pública, sino en la urna. Los funcionarios que rotan son designados por las autoridades que nosotros mismos elegimos, y esas autoridades deberían tener muy claro que la debilidad de la gestión pública no está en la falta de normas, sino en la falta de continuidad y evaluación. Por eso, al momento de elegir, no basta con discursos o promesas: debemos preguntarnos si quienes aspiran a gobernar tienen el conocimiento suficiente en gestión pública para no repetir los mismos errores.
Es importante distinguir las funciones de las autoridades elegidas. El Poder Legislativo tiene la competencia de elaborar y aprobar leyes, fiscalizar al Ejecutivo y representar a la ciudadanía, pero no designa directamente a los funcionarios públicos. Esa responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo, que a través del presidente y sus ministros nombra a los titulares de organismos, direcciones y programas. Por ello, cuando elegimos diputados y senadores, debemos exigir capacidad para legislar y fiscalizar; y cuando elegimos autoridades ejecutivas, debemos evaluar si cuentan con el conocimiento suficiente en gestión pública para designar equipos competentes y garantizar continuidad en las políticas.
La reflexión final es que ahora, con la bicameralidad, tendremos diputados y senadores con los mismos problemas de siempre. Dos cámaras, dos nombres distintos, pero la misma rutina: legislar sin evaluar, designar sin exigir preparación y votar sin recordar. El Estado cambia de formato, pero no de memoria. Y mientras tanto, los problemas se repiten con puntualidad suiza, como si fueran nuevos. Todo está escrito; lo que falta es leerlo… y, sobre todo, aprenderlo.
