La Municipalidad Provincial de Huánuco ejecutó un operativo inopinado de fiscalización a 18 academias preuniversitarias, tras el inicio del ciclo académico 2026-I, según declaró Teófilo Loarte, gerente de Desarrollo Económico de la comuna provincial. El funcionario sostuvo que la intervención buscó verificar el funcionamiento de estos centros de preparación, debido a que —según su versión— algunas operarían en condiciones inadecuadas, sin medidas mínimas frente a posibles desastres naturales, incendios u otras emergencias que podrían poner en riesgo a los alumnos, incluidos menores de edad.
Loarte indicó que, durante las inspecciones, se identificaron academias que funcionan en locales propios, mientras que otras operarían dentro de colegios mediante convenios, utilizando infraestructura educativa ya existente. En ese contexto, el gerente municipal mencionó que también se detectaron casos de informalidad, lo que —afirmó— motivó el levantamiento de actas y el inicio de procedimientos administrativos según corresponda.
Asimismo, Loarte señaló que la fiscalización abarcó aspectos administrativos vinculados a licencias de funcionamiento, además de la revisión de publicidad y las condiciones de infraestructura de los espacios donde se brindan clases. Según indicó, el objetivo principal fue “constatar la infraestructura” y detectar cualquier situación que, a criterio de los inspectores, represente amenaza para los estudiantes.
Operativo conjunto
De acuerdo con Loarte, los operativos se realizaron de manera coordinada con la Fiscalía, Indecopi, Defensa Civil y la Dirección Regional de Educación (DRE). El funcionario explicó que cada institución interviniente habría participado desde el ámbito de sus competencias, aunque remarcó que, en el componente municipal, se evaluó principalmente la licencia de funcionamiento y el cumplimiento de disposiciones sobre anuncios publicitarios.
El gerente municipal precisó que, según lo que se revisó en esta primera etapa, existirían infracciones frecuentes relacionadas con falta de licencia, publicidad no autorizada y observaciones a la infraestructura. También afirmó que se impusieron sanciones administrativas a “todas las academias” intervenidas.
En relación con las academias que funcionarían dentro de colegios, Loarte sostuvo que los centros educativos contarían con licencia y certificado de Defensa Civil, pero que lo observado en dichos espacios se concentró en el incumplimiento del aforo.
Exceso de aforo
Uno de los puntos centrales del operativo, según Loarte, fue el exceso de alumnos por aula. El gerente municipal manifestó que, conforme a la normativa que citó en la entrevista, el aforo permitido sería de 30 a 35 estudiantes como máximo, pero que durante las inspecciones se habrían encontrado salones con 40, 50 y hasta 60 alumnos.
Frente a ello, Loarte explicó que, de acuerdo con el cuadro de infracciones de Defensa Civil al que hizo referencia, esa falta se sancionaría inicialmente con una multa equivalente al 30%, sin que ello implique clausura inmediata. En esa línea, afirmó que se otorgó un plazo de cinco días para que las academias observadas regularicen la cantidad de estudiantes por aula, y que luego se realizaría una segunda visita para verificar el cumplimiento.
El funcionario sostuvo, además, que la clausura temporal podría aplicarse si en una segunda inspección se comprueba que la academia mantiene el incumplimiento, aunque insistió en que la primera intervención se enfocaría en notificar y sancionar con multa. Esta situación, conforme a lo señalado por el propio entrevistado, abre cuestionamientos sobre la eficacia del control, en la medida en que el exceso de aforo puede tener impacto directo en la seguridad ante emergencias.
Reincidencias
Loarte también afirmó que algunas academias observadas no serían nuevas en este tipo de intervenciones. Según su declaración, en determinados casos se trataría de academias reincidentes, es decir, que ya habrían sido observadas en operativos previos y que, pese a ello, continuarían funcionando sin corregir plenamente las faltas detectadas. En la entrevista, el funcionario indicó que “en algunos casos son las mismas” y que varias estarían siendo revisadas nuevamente.
En cuanto a la autorización educativa, Loarte sostuvo que el permiso para operar como academia, desde el punto de vista del sector Educación, correspondería a la Dirección Regional de Educación, entidad que, según explicó, seguiría su propio procedimiento sancionador cuando detecte incumplimientos. El gerente municipal remarcó que esa autorización no es competencia directa de la municipalidad, lo cual —según lo expuesto en sus declaraciones— puede generar dificultades para aplicar sanciones integrales cuando se mezclan faltas municipales (licencia, publicidad, defensa civil) con requisitos del sector Educación.
Finalmente, Loarte expresó que, si durante las intervenciones se detecta un local sin licencia de funcionamiento, ello sí podría conllevar una clausura temporal dentro de las atribuciones municipales, según declaró. También señaló que el municipio continuaría con las fiscalizaciones, pues, de acuerdo con su estimación, además de las 18 academias ya intervenidas, aún existirían entre 10 y 15 por supervisar, muchas de ellas operando en colegios.
