El penal de Potracancha, en Huánuco, permanece en el centro de atención luego de la fuga del interno Rolando Gerónimo Mateo (26), sentenciado a 30 años de prisión por el delito de violación sexual. El hecho, ocurrido la tarde del 1 de enero de 2026, expuso debilidades en los controles internos del establecimiento penitenciario, lo que derivó en medidas inmediatas por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), investigaciones en curso y nuevas acciones de control orientadas a recuperar el orden. En un penal que alberga a 3,213 internos, entre investigados y sentenciados, el episodio reabrió el debate sobre la seguridad penitenciaria, la responsabilidad funcional y el ingreso de objetos y sustancias prohibidas.
Cambios en la dirección y cadena de seguridad
Tras la fuga, el INPE, a través de la Oficina Regional Oriente Pucallpa, dispuso el cambio del director, subdirector, jefe de seguridad y tres alcaides. La nueva jefatura del Establecimiento Penitenciario de Huánuco – Potracancha recayó en Walter Noe Vásquez Rodríguez, quien reemplazó a Gusman Cholan Castañeda. Del mismo modo, fue removido el jefe de seguridad Julio César Verde Mori y en su lugar fue designado Jhon Roberto Eusebio Solórzano.
Fuentes vinculadas al sistema penitenciario señalaron que las designaciones buscan reorganizar la cadena de mando y fortalecer la vigilancia interna, especialmente en puntos críticos como pabellones, accesos, esclusas y áreas de tránsito donde se ejecutan procedimientos de control. El objetivo inmediato es reducir vulnerabilidades que permitan fugas o actos de indisciplina, en un contexto de alta presión institucional.
Investigación por presunta complicidad y responsabilidades
Mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan diligencias para determinar si la fuga contó con apoyo interno o se produjo por omisiones funcionales, la Oficina de Asuntos Internos del INPE inició una investigación administrativa contra más de diez agentes de seguridad.
Según información recabada en el propio recinto, la indagación comprende al personal de servicio comprometido el día 1 de enero, incluyendo el pabellón 3, la zona de la esclusa, el alcaide de turno, el supervisor y otros agentes vinculados al control del penal. En paralelo, también se investiga la filtración del video de la fuga, que se difundió en redes sociales y mostró el escape bajo la modalidad de escalamiento.
En este marco, adquiere importancia el rol del alcaide, responsable de dirigir el grupo de seguridad de turno. Su función incluye la supervisión diaria, la ejecución de disposiciones judiciales, el control de ingresos y salidas, y el mantenimiento del orden, actuando como supervisor directo del personal y de las operaciones cotidianas dentro del establecimiento penitenciario.
Quejas de familiares por demoras y presuntos excesos
En medio del remezón institucional, familiares de internos expresaron malestar por largas horas de espera para el ingreso de alimentos y por descoordinaciones en los procedimientos de visita. Las quejas se intensificaron tras el cambio de administración, señalando que la reorganización habría afectado la atención a los visitantes.
Algunos denunciaron presuntos abusos y un trato inadecuado hacia los internos; sin embargo, dichas afirmaciones aún no han sido corroboradas oficialmente. Voces cercanas al penal indicaron que la situación está siendo evaluada a fin de ajustar protocolos y evitar afectaciones a derechos básicos, sin descuidar las medidas de seguridad adoptadas tras la fuga.
Revisión ordinaria e incautación de drogas y objetos prohibidos
En paralelo a las medidas administrativas, el INPE informó que se ejecutó una revisión ordinaria en los pabellones 1 y 4 del penal de Potracancha. La intervención se realizó en cumplimiento de la política institucional orientada a fortalecer el orden y el control en establecimientos penitenciarios, y estuvo a cargo del subdirector de Seguridad de la sede regional, Jhon Fernández Morales.
Durante la revisión en el pabellón 4, el personal de seguridad halló 185 envoltorios tipo “ketes” con sustancias ilícitas: 158 corresponderían a alcaloide de cocaína y 27 a cannabis sativa (marihuana). Tras el hallazgo, se comunicó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional para las diligencias de ley.
Además, se decomisaron más de 350 objetos prohibidos, entre ellos 85 cucharas y tenedores de metal, 31 ollas, 4 cacerolas, 6 focos, 4 cocinas hechizas, 1 cocina artesanal a leña, 40 correas, 34 radios con entrada USB, 10 encendedores, 110 metros de cordel, 30 metros de cable eléctrico y 10 platos de loza. También se incautó a cuatro internos un total de S/ 7,550.00 por exceder el monto permitido para su posesión dentro del penal. El dinero fue hallado en poder de Gabriel Casalla Alcides Isaac y López Alania Eleudoro (pabellón 4), así como de Sánchez Cruz Eliazar y Flores Laván Pedro Arturo (pabellón 1).
Un penal en crisis y bajo presión pública
El INPE ratificó su compromiso con la seguridad penitenciaria, el control permanente y la lucha contra el ingreso y la tenencia de objetos y sustancias prohibidas. No obstante, la fuga del 1 de enero, sumada a las investigaciones en curso, los cambios de mando y las quejas por el servicio a familiares, mantiene al penal de Potracancha bajo una fuerte presión pública e institucional.
Las autoridades han señalado que el objetivo es restablecer el principio de autoridad dentro del establecimiento, reforzar controles internos y garantizar que los procedimientos se ejecuten con rigor. En tanto, la población exige resultados concretos: la captura del fugado, sanciones si se confirma responsabilidad interna y medidas sostenibles que impidan que un hecho similar se repita.
