Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone recortar de forma drástica el margen de actuación de los jueces provisionales cuando estén en juego decisiones que afectan a autoridades electas y a altos funcionarios de organismos autónomos. La iniciativa, impulsada por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial para impedir que magistrados provisionales integren salas o conozcan procesos vinculados al ejercicio de funciones de presidentes, congresistas, alcaldes y representantes de entidades constitucionalmente autónomas.
De acuerdo con la nota periodística, el proyecto seguiría el trámite regular: primero deberá ser evaluado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, si obtiene dictamen, pasaría al debate del Pleno. El punto de quiebre está en el efecto práctico: al concentrar estos expedientes en jueces supremos titulares, se abre la discusión sobre si el sistema tiene la capacidad real de absorber la carga sin crear cuellos de botella que, en la práctica, terminen favoreciendo a quienes están bajo investigación o proceso.
La propuesta apunta a que solo magistrados titulares resuelvan casos de “alto impacto político”, bajo el argumento de que ellos accedieron por concurso público de méritos y cuentan con garantías de inamovilidad y permanencia. En esa línea, el texto también menciona la idea de que decisiones vinculadas al control difuso sobre actos de autoridades políticas deberían quedar en manos de jueces titulares.
Sin embargo, el propio escenario descrito en la cobertura coloca una alerta: la Corte Suprema no tendría suficientes magistrados titulares para asumir de manera exclusiva este tipo de procesos, lo que podría traducirse en retrasos, acumulación de expedientes y, en el extremo, un “blindaje” por saturación. El debate de fondo ya no es solo jurídico, sino de gobernabilidad: quién decide, con qué legitimidad y con qué tiempos.
Un elemento especialmente sensible del proyecto es el componente disciplinario. Según lo reportado, la iniciativa no se limita a redistribuir competencias: también propone sanciones severas para los magistrados que no acaten la restricción, calificando el incumplimiento como falta muy grave, con la posibilidad de llegar hasta la destitución.
