La continuidad de una planta de oxígeno instalada en el complejo de Huayopampa quedó en incertidumbre luego de que, según la Asociación de Ingenieros del Consejo Departamental Huánuco, se dictaminara el desalojo del equipo que fue gestionado para atender emergencias y apoyar a la población. El Ing. Jimmy Godoy Salazar, presidente de la asociación, sostuvo que el retiro estaba programado y que la medida se sustenta en una resolución del Poder Judicial, resultado de un proceso judicial iniciado en 2022 por el Colegio de Ingenieros.
Godoy lamentó la decisión y afirmó que la planta “fue concebida para servir” a la comunidad huanuqueña. En ese sentido, advirtió que si el equipo es retirado y trasladado sin condiciones adecuadas, podría quedar fuera de servicio, perdiendo su objetivo central: garantizar oxígeno para instituciones de salud y población en general. “Nos preocupa que no cumpla con esa finalidad”, remarcó, al tiempo de señalar que vienen “tocando puertas” para encontrar un espacio seguro y funcional.
El dirigente también convocó a las instituciones y sectores que, según dijo, contribuyeron para adquirir e instalar el equipo —mencionó al Colegio de Arquitectos, a la Policía Nacional y a la ciudadanía— para que se sumen a la búsqueda de una solución. En su versión, la planta no es un proyecto privado: su razón de ser es pública, y su interrupción tendría impacto directo si la región enfrenta una nueva demanda crítica de oxígeno.
100% operativa
Consultado por el estado del equipo, Godoy afirmó que la planta se encuentra al 100% de operatividad y que registra 72 horas de uso, destinadas tanto a pruebas técnicas como a la entrega de oxígeno. Indicó que se habrían realizado donaciones a EsSalud, DIRESA y SAMU, además de apoyo a población del entorno inmediato del complejo Huayopampa. Con ello, buscó reforzar la idea de que se trata de un sistema ya activo y útil, no una infraestructura inactiva o en desuso.
En paralelo, el presidente de la asociación intentó desmontar uno de los argumentos que, según afirmó, circula desde sectores directivos: que la planta podría representar un peligro para los agremiados. Godoy aseguró que el equipo opera con energía eléctrica, no usa combustible y que no mantiene oxígeno almacenado cuando está apagado, por lo que —en su interpretación— no existiría riesgo de explosión o reventón. “La planta está vacía, peligro no representa”, declaró.
Sobre el espacio que ocupa, explicó que el área habilitada es de aproximadamente 200 metros cuadrados, pero que el uso real del equipo estaría por debajo de 70 metros cuadrados, dado que el sistema se encuentra dentro de un contenedor y no presenta extensiones externas. Aun así, admitió un punto de vulnerabilidad: el contenedor está expuesto a la intemperie, lo que ya estaría causando oxidación, y por eso insistió en la necesidad de una ubicación adecuada, con condiciones mínimas de conservación.
En este escenario, el debate deja de ser solo técnico. También es institucional: si el problema es seguridad, se esperaría sustento con evaluaciones; si es espacio, la asociación insiste en que es mínimo; si es legal, la resolución judicial coloca el tema en una ruta de cumplimiento que, de no detenerse, podría ejecutarse sin que exista plan de reubicación.
Conflicto interno
Señaló que la asociación no conoce las razones exactas del desalojo y que, pese a ello, han buscado diálogo con decanos y directivos. Según relató, el decano actual les habría manifestado que existe un proceso judicial y que “no puede hacer nada”, postura que Godoy cuestiona al considerar que sí podría tener una participación más activa.
Narró que inicialmente el Colegio lideraba la cruzada para conseguir la planta, pero cuando llegó el momento de concretar la compra, la decana encargada de entonces no habría querido adquirirla, pese a que —según su versión— ya existía autorización del Ministerio del Interior para realizar recaudaciones. Bajo esa lógica, la asociación habría asumido la conducción para evitar que la compra se frustre.
El aspecto económico agrega presión: Godoy indicó que el valor del equipo es de US$160,000, de los cuales se pagó un adelanto de US$40,000 (25%), quedando pendiente el 75%. Además, señaló que no han podido operarla con la regularidad deseada debido a limitaciones de energía y condiciones, lo que, en su lectura, los mantiene “atados de manos” para generar sostenibilidad o cerrar gestiones pendientes.
Como salida, planteó dos medidas: primero, que el Colegio desista o suspenda el proceso judicial para evitar el desalojo; segundo, que se convoque a una asamblea para evaluar el caso con información completa, incluyendo beneficios, riesgos y alternativas. Añadió que en una asamblea anterior —de la gestión previa— no les habrían permitido participar para exponer la situación.
Mientras tanto, el punto más sensible para la ciudadanía es el destino inmediato del equipo: si el desalojo se ejecuta y no existe un lugar definido, la planta podría quedar detenida. Godoy advirtió que varias plantas en la región estarían paralizadas o trabajando al 50%, por lo que, si se agrava cualquier falla, la región podría quedar sin capacidad suficiente, y esta planta —hoy lista para operar— podría ser clave.
