Una sentencia de 10 años de prisión efectiva fue impuesta contra un hombre hallado responsable del delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de 7 años, en un caso ocurrido en el caserío Yacusiza, jurisdicción de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado. El fallo fue emitido por el órgano jurisdiccional competente tras un proceso en el que se evaluaron diversos elementos de prueba.
De acuerdo con la investigación, el sentenciado habría aprovechado el vínculo familiar y la confianza propia del entorno cercano para cometer tocamientos indebidos contra la víctima. El caso se originó a partir de la denuncia y las diligencias posteriores permitieron reconstruir los hechos y sostener la acusación hasta la etapa de juicio, donde el tribunal determinó responsabilidad penal.
Durante el debate oral se incorporaron medios probatorios considerados relevantes para el esclarecimiento del caso. Entre ellos figura la entrevista en Cámara Gesell, utilizada para recoger el testimonio de la menor bajo un procedimiento especializado, además de pericias psicológicas que evidenciaron afectación emocional. Con base en la valoración conjunta de estos actuados, el colegiado impuso la pena privativa de libertad efectiva.
Además de la condena, la sentencia dispuso medidas orientadas a la reparación del daño. Según la información disponible, se ordenó el pago de una reparación civil y se estableció la continuidad de atención psicológica para la menor y sus padres, buscando contribuir a la recuperación integral de la familia tras el impacto del hecho.
Asimismo, durante el proceso se mencionó que del análisis del caso surgieron referencias a posibles hechos adicionales. Por ello, el tribunal dispuso la remisión de copias certificadas para que se realicen diligencias complementarias. Esta decisión no supone una nueva condena, pero sí abre la posibilidad de que se investiguen eventuales nuevos indicios dentro del marco legal correspondiente.
Las autoridades recordaron que, por tratarse de una víctima menor de edad, corresponde resguardar su identidad y evitar la difusión de datos que puedan exponerla. El caso se convierte en una alerta sobre la importancia de denunciar oportunamente y fortalecer redes de protección en entornos familiares y comunitarios.
