La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe que recomienda suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez en el marco de una investigación por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, práctica conocida popularmente como “mochasueldo”. La medida, de carácter disciplinario, no queda firme aún: debe ser votada por el Pleno del Congreso, instancia que define si la sanción se ejecuta.
En paralelo, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, informó que este mes se espera una definición sobre el segundo frente que involucra a la legisladora: el caso denominado “cortauñas”, vinculado al presunto uso de personal parlamentario en actividades ajenas a sus funciones.
Informe de Ética
El acuerdo adoptado en la Comisión marca un punto de quiebre en el proceso disciplinario: el informe queda “expedito” para ser elevado al Pleno, donde la representación nacional puede aprobar, rechazar o modificar la recomendación. En términos prácticos, una suspensión de 120 días implica separar temporalmente a la congresista del ejercicio del cargo, usualmente sin goce de haber, según el marco de sanciones que maneja la Comisión de Ética.
El debate se instala en un escenario sensible: el “mochasueldo” es un patrón investigado en distintos periodos legislativos y suele generar alta reacción ciudadana porque involucra la relación directa entre congresistas y personal contratado con fondos públicos.
La Comisión, además, ha advertido que los procesos continúan aun cuando existan circunstancias personales o de salud, en tanto rigen plazos y etapas que deben cumplirse.
Modalidad
La investigación por “mochasueldo” cobró fuerza tras un reportaje difundido a inicios de 2025. En esa cobertura, Walter Tello, exasesor principal del despacho, sostuvo que él y otros trabajadores habrían sido presionados para entregar parte de sus remuneraciones bajo distintas modalidades.
Según su testimonio, en su caso se le pedían “préstamos” por montos variables (mencionó cifras como S/ 400, S/ 500 y hasta S/ 2.500) para depositarlos en cuentas vinculadas a familiares o personas del entorno, con la promesa de devolución que —aseguró— no se concretaba. Medios también reportaron que otra trabajadora habría tenido la instrucción de transferir mensualmente más de S/ 2.000 de su sueldo a una persona relacionada con la congresista.
A esos señalamientos se sumó otro reclamo: gastos asociados a semanas de representación y entregas de dinero para logística, mientras la congresista mantendría íntegro el bono correspondiente, de acuerdo con versiones recogidas en la denuncia periodística.
Doble frente
El caso de Lucinda Vásquez no se agota en los presuntos recortes salariales. La Comisión de Ética abrió o activó una segunda línea de indagación por el llamado “cortauñas”, tras difundirse imágenes en las que un asesor le realiza el corte de uñas en su despacho durante horario de trabajo, lo que desató cuestionamientos sobre uso indebido de personal.
Vergara ha señalado públicamente que la congresista enfrenta dos procesos en Ética y que el caso “cortauñas” se encuentra dentro de plazo, por lo que —según su proyección— este mes debería haber una postura final.
Mientras el “mochasueldo” avanza hacia el Pleno con una recomendación de sanción, el desenlace del “cortauñas” sigue siendo una pieza clave: puede derivar en nuevas medidas o reforzar el debate sobre el estándar de conducta y el uso de recursos humanos en los despachos parlamentarios.
