Durante la sesión del Concejo Provincial de Huánuco, el regidor Alex Remigio declaró que el acta de la sesión ordinaria del día 19 se encontraba cerrada, y sostuvo que, bajo ese escenario, se reconoce que “en el último año del gobierno no se puede crear centro poblado”, según manifestó.
Remigio también señaló que, en su momento, varios regidores estuvieron de acuerdo con la creación, pero que —según su versión— se habrían presentado normativas que se opondrían a continuar con el proceso. Además, indicó que los demás concejales habrían argumentado “casos personales” y otros motivos para no acudir, aunque sostuvo que no se podía entrar en “dimes y diretes” sobre razones individuales. Para el regidor, lo central es que se “frustró” una sesión ordinaria en la que, según dijo, debían haberse tomado decisiones.
En otro tramo de sus declaraciones, Remigio afirmó que “no hubo la voluntad de los funcionarios” para crear los centros poblados, lo que, en su versión, explicaría por qué el trámite no se resolvió cuando aún era posible. También mencionó que existirían iniciativas legislativas en el Congreso para derogar o modificar la norma de moratoria (mencionó la 32387) y planteó que se haga seguimiento para que los centros poblados perjudicados puedan beneficiarse, según indicó.
Una regidora consultada tras la suspensión señaló que permanecía en el auditorio para brindar “apoyo y soporte” a la población del centro poblado y buscar vías para acompañar el pedido sin infringir las leyes y reglamentos, según declaró. Sin embargo, también indicó que no había revisado la norma que impediría crear centros poblados en el último año de gestión y que recién se la hicieron conocer ese mismo día, de acuerdo con su testimonio.
La regidora sostuvo que, el año anterior, el concejo sí aprobó la creación del centro poblado de Huancachupa porque —según su versión— en el 2025 no existía la restricción que ahora se invoca. Añadió que, si no fuera por la limitación legal, estaría dispuesta a aprobar nuevas creaciones, pero que en el 2026 se verían obligados a abstenerse, según manifestó.
Finalmente, la misma regidora responsabilizó a los funcionarios por demoras en expedientes, indicando que algunos documentos permanecerían “dos o tres meses” en oficinas, lo que, según sostuvo, termina perjudicando tanto a la autoridad edil como a la población. También consideró que la falta de explicaciones claras durante la sesión incrementó el malestar vecinal, ya que —según afirmó— no se dio el espacio para explicar adecuadamente por qué se suspendía el debate.
