El consejero regional por Huánuco, Olchese Tarazona, puso en duda el “récord histórico” de ejecución presupuestal 2025 que anunció el gobernador regional Antonio Pulgar, quien aseguró haber cerrado el año con más del 98%. Para el consejero, el dato —difundido por el Ejecutivo como un logro emblemático— no se refleja en la realidad y, por el contrario, deja preguntas abiertas sobre el destino de recursos que originalmente debían financiar obras y servicios.
Tarazona sostiene que el incremento de la ejecución habría ocurrido en un periodo inusualmente corto. Según su versión, el Gobierno Regional habría pasado de 60%–70% a 97%–98.5% “en uno o dos días”, una variación que califica como difícil de explicar cuando se trata de inversiones públicas. “Lo cierto es que no se ve reflejado en obras concretas, servicios, actividades; todos somos testigos de eso”, señaló, al insistir en que el cierre estadístico no coincide con lo que percibe la población.
Ejecución acelerada
El consejero afirma que el problema no es solo el porcentaje, sino el modo en que se habría alcanzado. En ese sentido, emplazó al gobernador regional a brindar una explicación pública y técnica: cómo se logró el salto y qué decisiones administrativas se tomaron para cerrar el año con una ejecución que el Ejecutivo presenta como “histórica”.
Tarazona vinculó sus dudas con una publicación que atribuye a El Comercio, donde se advertiría que 13 gobiernos regionales habrían aplicado una estrategia similar: reducir el presupuesto para mejorar su ubicación en el índice de ejecución. En el caso de Huánuco, mencionó una reducción de 62 millones (aunque en otro momento habló de 68 millones), y sostuvo que esa variación presupuestal habría tenido un efecto directo en el indicador. La controversia, según su planteamiento, es delicada: una ejecución alta podría lograrse no por hacer más, sino por recortar el monto total a ejecutar, elevando el porcentaje final.
En términos prácticos, el consejero desliza una consecuencia concreta: menos obras visibles. “Se ha dejado de construir carreteras, hospitales, todo”, indicó, al sostener que el cierre al 98% debería notarse en proyectos, servicios y resultados tangibles. De ahí su interrogante insistente: si se movió presupuesto, “¿a dónde ha ido ese dinero?”
Beneficios sociales en la mira
Tarazona planteó además una hipótesis sobre el posible destino del monto recortado: el pago de beneficios sociales. Dijo que esos recursos “parece” que habrían sido orientados a cubrir obligaciones laborales ante la previsión de que, por el calendario y la ejecución tardía, no se lograría gastar en los fines previstos inicialmente.
Sin embargo, subrayó el punto de fondo: el presupuesto al que hace referencia habría estado destinado a inversiones —carreteras, hospitales, agua, canales—, por lo que una reasignación de ese tipo, aun cuando responda a una necesidad real, abre un debate sobre prioridades, oportunidad y capacidad de gestión. “Ese presupuesto no ha estado destinado para el pago de beneficios, sino para obras, proyectos, servicios”, afirmó.
Consultado sobre si ello podría ser irregular, evitó dar un veredicto definitivo y señaló que deberá ser materia de análisis, aunque dejó clara su postura personal: “Para mí no está bien”, sostuvo, al enfatizar que Huánuco mantiene brechas por cerrar y que la inversión pública no puede convertirse en una variable de ajuste para lograr un mejor ranking. También cuestionó la idea de normalizar estas prácticas por su presunta frecuencia en otras regiones: que sea extendida —dijo— no significa que sea correcta.
