Una sentencia de 18 años de prisión efectiva fue dictada contra Abner Jara, tras ser hallado responsable del delito de tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de dos menores de edad. El fallo fue emitido por el órgano jurisdiccional competente luego de valorar los medios de prueba presentados durante el proceso, en el que se acreditaron hechos graves ocurridos en un entorno familiar.
De acuerdo con lo expuesto en juicio, los sucesos se habrían registrado en el caserío San Antonio de Padua, en la provincia de Marañón, cuando el sentenciado se encontraba en condiciones de cercanía y confianza con las víctimas. La investigación estableció que el acusado aprovechaba momentos de aislamiento para cometer los actos, circunstancia que dificultó que los hechos fueran advertidos de inmediato por otros familiares.
En relación con la primera agraviada, identificada con las iniciales K.A.J.J., se determinó que los actos indebidos se habrían producido en varias ocasiones durante el año 2019, cuando la menor visitaba a su padre en la vivienda de la familia paterna. La acusación sostuvo que el sentenciado se valía de esas visitas para abordar a la víctima cuando no había testigos cerca.
Respecto a la segunda menor, de iniciales D.Y.J.J., el proceso estableció que los hechos se habrían iniciado en 2017, cuando tenía 13 años, y se habrían extendido durante aproximadamente dos años. La denuncia se formalizó el 5 de agosto de 2019, cuando la menor comunicó lo ocurrido a su madre, lo que permitió el inicio de las diligencias y la intervención de las autoridades.
Durante el juicio se incorporaron elementos como declaraciones en Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas y otros actuados que, según la sentencia, permitieron sustentar la responsabilidad penal del acusado. En función de ello, el tribunal impuso una pena de nueve años por cada agraviada, acumulando 18 años de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ordenó el pago de una reparación civil de S/ 10,000, a razón de S/ 5,000 para cada menor, como parte del resarcimiento por el daño ocasionado.
El caso reafirma la necesidad de mantener mecanismos de protección y denuncia frente a delitos sexuales, especialmente cuando se producen dentro del entorno familiar, donde las víctimas suelen enfrentar mayores barreras para pedir ayuda.
