La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco inició una investigación penal tras confirmarse la tala ilegal de aproximadamente 43 árboles en la Plaza de Armas del centro poblado de Shishmay, en el distrito de Amarilis. El hecho ocurrió recientemente y afectó directamente el ornato público y el paisaje urbano de este espacio emblemático de la localidad.
La intervención fue realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, bajo la conducción del fiscal provincial César Gonzales Ramos, quien dispuso las primeras diligencias por el presunto delito de alteración del paisaje urbano, tipificado en el artículo 313 del Código Penal. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público, la denuncia se activó tras verificarse que la tala no contaba con autorización legal ni sustento técnico.
Según indicó la Fiscalía Ambiental, durante la diligencia se constató que los árboles talados pertenecían a la especie aliso y formaban parte del ornato público del distrito de Amarilis. El operativo se realizó de manera coordinada con la Municipalidad Distrital de Amarilis y la Administración Técnica Forestal, contando con la participación de personal fiscal y policial especializado, quienes documentaron el hecho mediante registro fotográfico y la elaboración de un acta detallada.
Investigación se desarrolla bajo flagrancia delictiva
El caso viene siendo investigado bajo la figura de flagrancia delictiva. De acuerdo con la información fiscal, el Mayor PNP Sandro Mario Vilca Samán, jefe de la unidad policial ambiental, recibió el oficio correspondiente para ejecutar las acciones dispuestas por el Ministerio Público. Entre ellas, se ordenó el control de identidad de los presuntos responsables, conforme al artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal.
La Fiscalía precisó que las instituciones involucradas en el operativo deberán remitir obligatoriamente los resultados de sus actuaciones al Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales que correspondan. El procedimiento busca establecer quiénes autorizaron o ejecutaron la tala sin el respaldo normativo requerido.
Finalmente, la Fiscalía Ambiental recordó que el derecho a un ambiente sano constituye un derecho fundamental de la población y que cualquier intervención en áreas verdes debe contar con autorización expresa y sustento técnico. La entidad advirtió que los acuerdos de oportunidad no reemplazan el cumplimiento de la ley y subrayó que el caso afecta un espacio simbólico y turístico de Shishmay, cuyo paisaje urbano habría sido completamente desnaturalizado por la tala indiscriminada.
