La decisión de la Municipalidad Provincial de Huánuco de anular el proceso de nombramiento del personal administrativo bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 no es un hecho menor ni un simple acto administrativo. Se trata de una medida que impacta directamente en la confianza institucional, en la estabilidad laboral y en la credibilidad del Estado frente a sus propios trabajadores.
El proceso hoy cuestionado no nació en la informalidad. Fue convocado al amparo de una ley vigente, contó con cronograma, comité evaluador y publicación oficial de resultados, y concluyó formalmente en diciembre de 2023. Es decir, se desarrolló bajo reglas claras y conocidas por todos. Sin embargo, dos años después, la actual gestión municipal decide borrarlo de un plumazo, argumentando irregularidades administrativas que, hasta ahora, no han sido explicadas con la contundencia técnica que una decisión de esta magnitud exige.
La municipalidad sostiene que no existe derecho adquirido y que los vicios detectados —falta de respaldo presupuestal, errores en el CAP y deficiencias técnicas— justifican la nulidad. Desde el punto de vista legal, es cierto que la administración tiene la potestad de revisar y anular actos cuando vulneran la norma. Pero esa facultad no es discrecional ni automática: requiere pruebas sólidas, motivación exhaustiva y, sobre todo, proporcionalidad. De lo contrario, la legalidad se convierte en un argumento formal que termina siendo percibido como arbitrariedad.
Del otro lado están los trabajadores, quienes aseguran haber cumplido todas las etapas del proceso y haber sido evaluados por mérito. Para ellos, la anulación no solo significa la pérdida de un nombramiento largamente esperado, sino también un mensaje demoledor: que ningún esfuerzo, ningún concurso ni ningún resultado publicado es realmente definitivo si cambia la gestión de turno. Esa sensación de inseguridad no es menor en un Estado que ya arrastra una larga historia de precariedad laboral.
Más preocupante aún es el precedente que se puede estar sentando. Si un proceso concluido, con actos administrativos firmes y publicidad institucional, puede ser anulado años después sin una explicación técnica plenamente transparente, ¿qué seguridad jurídica queda para la carrera administrativa? ¿Qué confianza pueden tener los servidores públicos en que las reglas no cambiarán retroactivamente?
La derivación del caso a la Procuraduría y la posible búsqueda de responsabilidades es un paso necesario si hubo irregularidades reales. Pero sancionar a eventuales responsables no debería implicar, automáticamente, castigar a quienes actuaron de buena fe y confiaron en un procedimiento promovido por la propia entidad.
Huánuco necesita instituciones que corrijan errores, sí, pero también que actúen con coherencia, previsibilidad y respeto por las personas. La legalidad no puede ejercerse de espaldas al principio de justicia ni a la estabilidad mínima que requiere cualquier administración pública seria. Anular puede ser legal; convencer de que fue lo correcto es, hoy, la tarea pendiente.
