El Gobierno Regional de Huánuco rechazó que las investigaciones en curso sobre su actuación durante el estado de emergencia sean utilizadas con fines políticos y sostuvo que las decisiones adoptadas se realizaron dentro del marco legal vigente. La entidad señaló que las medidas ejecutadas buscaron reducir el riesgo muy alto existente en la región y proteger a la población afectada.
Según informó el Gobierno Regional de Huánuco, el estado de emergencia fue declarado mediante el Decreto Supremo N.° 072-2023-PCM y comprendió a ocho provincias y veintiún distritos del departamento. De acuerdo con la institución, este dispositivo otorgó facultades expresas para ejecutar acciones urgentes, incluyendo la adecuación o modificación de medidas durante su implementación, siempre que contaran con sustento técnico.
El Gobierno Regional indicó que, en ese contexto, se tomaron decisiones operativas y logísticas como la adquisición de vehículos y maquinaria, las cuales, según precisó, estuvieron orientadas exclusivamente a mitigar los efectos de la emergencia y garantizar una respuesta oportuna del Estado. La entidad sostuvo que dichas acciones se realizaron en el marco de sus competencias legales.
De acuerdo con la información proporcionada por el Gorehco, el expediente técnico inicial contemplaba la ejecución de determinadas acciones mediante licitación pública y no incluía algunos cálculos específicos. Sin embargo, la institución señaló que la magnitud del riesgo existente obligó a adoptar decisiones inmediatas de carácter técnico, priorizando la seguridad de la ciudadanía frente a procedimientos administrativos que, según indicó, hubieran retrasado la atención de la emergencia.
Intervenciones y decisiones durante la emergencia regional
El Gobierno Regional de Huánuco informó que, durante la evaluación de la situación, se identificaron puntos críticos en distritos que no estaban formalmente declarados en emergencia. Según la entidad, esta situación demandó intervenciones inmediatas para evitar daños mayores, en aplicación de criterios técnicos y de prevención de riesgos.
Asimismo, el Gorehco señaló que, en el proceso de adquisición de bienes, se otorgó conformidad únicamente a las unidades que cumplieron estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas. De acuerdo con la institución, se aplicaron penalidades por una demora injustificada de 49 días y se resolvió parcialmente el contrato el 22 de abril de 2024, como parte de las acciones adoptadas para cautelar los recursos públicos.
Según indicó el Gobierno Regional, estas medidas evidencian una actuación firme y transparente frente a las observaciones surgidas durante la ejecución de las acciones de emergencia. La entidad sostuvo que las decisiones adoptadas respondieron a evaluaciones técnicas y a la necesidad de garantizar una respuesta efectiva ante la situación de riesgo.
Por su parte, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, manifestó que rechaza de manera categórica cualquier intento de desnaturalizar una actuación técnica y legal con fines políticos. Según declaró, lamenta que determinadas investigaciones sean utilizadas por algunos congresistas con intereses electorales, quienes, a su criterio, buscan atribuirse resultados que no les corresponden.
Pulgar Lucas señaló que la Contraloría General de la República es un ente autónomo y debe ejercer sus funciones sin presiones ni interferencias políticas. De acuerdo con sus declaraciones, el compromiso de su gestión ha sido actuar con transparencia, respetar la legalidad y priorizar la protección de la población durante situaciones de emergencia.
