José Jerí reconoció que su Gobierno no alcanzará a “ganar” la lucha contra la inseguridad ciudadana por una razón directa: el tiempo. En rueda de prensa durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025, el presidente sostuvo que su gestión no logrará los resultados esperados dentro de su periodo, pero afirmó que apunta a construir las bases para que el siguiente gobierno continúe con ventaja.
“El que viene tendrá la cancha preparada. Ese es nuestro compromiso”, señaló, en una frase que intenta ordenar la expectativa pública: menos promesas de victoria inmediata y más enfoque en una transición de políticas. En esa misma línea, Jerí admitió que el Ejecutivo no vive “en cuatro paredes” ni en un escenario de autocomplacencia. “Los resultados no son todavía los que estamos buscando”, dijo, subrayando que un gobierno debe ser consciente de sus límites.
El mensaje llegó acompañado de un anuncio operativo: aseguró que se “triplicarán” esfuerzos, especialmente durante las últimas semanas de diciembre, con el objetivo de garantizar que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo transcurran con mayor tranquilidad.
Con el 2026 en el horizonte, Jerí informó que a inicios del próximo año se presentará un nuevo plan nacional y las primeras normativas vinculadas a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo por 60 días. La promesa, planteada como ruta de salida a la crisis, intenta dar un marco: planificación, metas y reglas para reordenar la respuesta estatal frente a la criminalidad.
Sin embargo, el anuncio llega en un clima áspero. Las propuestas difundidas por su Gobierno para enfrentar la inseguridad —y también para reorganizar aspectos de la administración pública— han sido ampliamente cuestionadas. El foco no solo está en el “qué” se hará, sino en el “cómo” y en los riesgos colaterales de ciertas medidas, sobre todo cuando se invocan argumentos de eficacia policial o de reserva de información.
En este punto, el Gobierno sostiene que necesita herramientas normativas para fortalecer la persecución penal y mejorar la coordinación entre instituciones. Pero los críticos advierten que el problema no es la intención declarada, sino el diseño: medidas que podrían afectar derechos, debilitar controles o generar efectos contrarios a los que se buscan, en un contexto donde la ciudadanía exige resultados y transparencia.
