Una investigación de gran alcance contra el crimen organizado permitió la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal en la región Huánuco, como parte de una megaoperación ejecutada de manera simultánea en Lima, Huaral y Huánuco, dirigida contra una red dedicada a la extorsión agravada de empresas de transporte público.
La intervención fue liderada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, que logró la detención preliminar judicial de 14 personas señaladas como integrantes de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos”. Las diligencias incluyeron el allanamiento de 13 inmuebles, entre viviendas particulares y celdas de establecimientos penitenciarios, lo que evidencia el alto nivel de articulación de esta red delictiva.
De acuerdo con la investigación fiscal, la organización habría operado desde septiembre de 2024, imponiendo cobros extorsivos a diversas empresas de transporte bajo la modalidad de “cuotas de seguridad” o “cuotas de protección”. Las víctimas eran obligadas a realizar pagos semanales que llegaban hasta los 2,500 soles, bajo amenazas directas contra la vida de conductores y trabajadores, así como contra las unidades vehiculares. Incluso, se les atribuye la quema de un ómnibus como acto intimidatorio.
En el caso de Huánuco, las diligencias se concentraron en el distrito de Amarilis, donde fueron detenidos dos implicados —un hombre y una mujer—, entre ellos Rosalinda Maylle, identificada preliminarmente como una de las personas que habría facilitado el movimiento de dinero producto de las extorsiones. Durante el operativo se hallaron documentos bancarios y otros indicios relevantes, que serán clave para reconstruir la ruta del dinero ilícito.
Las pesquisas señalan que los depósitos extorsivos se realizaban a cuentas bancarias de integrantes de la organización, así como de parejas y familiares, cambiando constantemente de titulares para evadir los controles financieros. Asimismo, se investiga que el presunto cabecilla, Erick Llufire, continuaba dando órdenes desde el penal de Aucallama, en Huaral, lo que confirma el uso de estructuras externas para mantener la actividad criminal.
Los detenidos permanecerán bajo investigación preliminar por un plazo de 15 días, tras lo cual el Ministerio Público evaluará solicitar prisión preventiva ante el Juzgado Penal correspondiente. Este operativo representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión, un delito que viene golpeando con dureza al sector transporte y a la seguridad ciudadana.
