Imágenes difundidas por el dominical Cuarto Poder revelan el momento en que el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, abandonó una clínica privada tras enterarse de una orden de detención preliminar en su contra por el caso “Los Socios del Callao”. En el video, el investigado aparece con mascarilla y en silla de ruedas mientras se retira del establecimiento de salud, en un desplazamiento que —según el reporte televisivo— ocurrió minutos antes de que la Policía llegara para ejecutar la medida.
De acuerdo con la información pública disponible sobre la investigación, el Poder Judicial autorizó detención preliminar por 15 días, además de diligencias como allanamientos y otras medidas vinculadas al caso. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción del Callao informó que se dictó orden de ubicación y captura contra Castillo Rojo en el marco de presuntos delitos como organización criminal y colusión agravada, tras un operativo que incluyó allanamientos en inmuebles de Lima y Callao.
El episodio ha reactivado cuestionamientos sobre la capacidad operativa para ejecutar medidas restrictivas contra altas autoridades regionales y sobre la posible anticipación del investigado frente al despliegue policial, un punto que también ha sido materia de comentario en la cobertura periodística del caso.
Según el informe televisivo, Castillo se encontraba internado en una clínica y, al conocer la orden judicial, solicitó el alta y salió del lugar antes de que el personal policial arribara para cumplir la detención. La cobertura sostiene que el margen fue de aproximadamente 20 minutos, lo que permitió que el investigado no sea intervenido en el centro médico.
En declaraciones recogidas por la prensa, el jefe de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la PNP confirmó que, al momento de ejecutarse la diligencia, el gobernador regional ya no estaba en el establecimiento, situación que fue calificada como una fuga.
Ese mismo día, las acciones fiscales y policiales incluyeron un operativo con allanamientos en diversos inmuebles. Medios nacionales reportaron diligencias en propiedades vinculadas al entorno del investigado y señalaron que, pese a la orden vigente, Castillo figura como no habido.
