A pocos días de iniciar el verano 2026, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco anunció el despliegue de un plan de fiscalización a piscinas públicas y privadas de uso colectivo en distintos distritos y provincias. Según declaró Aldo Villareyes Cariga, director ejecutivo de Salud Ambiental de la Diresa, su despacho viene ejecutando un plan denominado “Verano Saludable”, mediante el cual supervisarán el funcionamiento de estos establecimientos en Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y también en la provincia de Leoncio Prado.
El objetivo de estas visitas es verificar si las piscinas cumplen con la norma sanitaria, considerando que en la temporada de enero —según su explicación— se incrementa la asistencia de niñas y niños, incluso para clases de nado. El funcionario sostuvo que, en ese contexto, se busca prevenir riesgos a la salud pública, debido a que —según afirmó— varios establecimientos operarían sin autorización de las autoridades competentes y, en algunos casos, en condiciones que calificó como inadecuadas.
Fiscalizarán 60 piscinas
Según indicó Aldo Villareyes, la Diresa tiene en consideración un promedio de 60 piscinas para ser inspeccionadas dentro del plan “Verano Saludable”. El funcionario sostuvo que la fiscalización se desarrollará en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, además de ampliar el trabajo hacia la provincia de Leoncio Prado. Sobre esta última jurisdicción, Villareyes afirmó que también existirían piscinas que, según su evaluación institucional, “no cumplen con la norma sanitaria”.
En la entrevista, el representante de Salud Ambiental señaló que una de las preocupaciones detectadas por su equipo es que muchas piscinas habrían sido construidas sin considerar criterios técnicos básicos exigidos por la normativa. De acuerdo con su versión, esto complicaría el tratamiento correcto del agua y elevaría el riesgo para los usuarios.
Principales riesgos
Aldo Villareyes sostuvo que entre los incumplimientos más frecuentes se encuentra la ausencia de sistemas de recirculación, lo que —según explicó— impide que el agua reciba el tratamiento adecuado. Del mismo modo, afirmó que algunas piscinas no cuentan con sistemas de dosificación de cloro, situación que derivaría en prácticas improvisadas de cloración.
Según su declaración, en ciertos casos se realizaría una cloración “manual”, consistente en diluir el producto y aplicarlo directamente en la piscina. Villareyes advirtió que este procedimiento podría generar alergias o irritación en la piel de las personas que ingresan al agua, debido a la falta de control técnico en la aplicación del químico. El funcionario no presentó en la entrevista reportes de casos clínicos específicos, pero sí planteó esta posibilidad como un riesgo asociado al incumplimiento de la norma sanitaria.
Requisitos sanitarios
Durante la entrevista, Aldo Villareyes explicó que una piscina debe cumplir con criterios establecidos por la norma sanitaria. Según indicó, si una piscina usa agua de pozo, esta debe contar con autorización sanitaria emitida por la autoridad correspondiente (ALA o ANA, según mencionó). Asimismo, señaló que se debe asegurar un sistema adecuado de filtración y un equipo de cloración que permita un tratamiento constante del agua.
En relación con el tiempo de permanencia del agua, Villareyes sostuvo que, cuando existe un buen sistema de tratamiento, filtración y cloración, el agua podría mantenerse incluso “hasta un año”, siempre que se realice mantenimiento continuo. Sin embargo, afirmó que esa situación no sería posible en piscinas que carecen de dichos sistemas, las cuales tendrían que cambiar el agua con mayor frecuencia.
Finalmente, el funcionario reiteró que la fiscalización continuará durante el inicio del verano y que las intervenciones se orientan —según expresó— a reducir riesgos sanitarios en una temporada de alta demanda, especialmente entre menores de edad.
